Nicolás Petro enfrenta nueva etapa judicial en medio de tensiones por aplazamientos

Este lunes, la audiencia preparatoria en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reanudó con la presentación de su nuevo abogado, Alejandro Carranza. El defensor reemplaza a Diego Henao, quien renunció semanas atrás, en un contexto que coincidió con el anuncio de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sobre acercamientos entre Nicolás Petro y la Fiscalía para explorar un posible preacuerdo.

Durante la diligencia en el juzgado Segundo Especializado de Barranquilla, Carranza solicitó un nuevo aplazamiento para familiarizarse con el expediente. Sin embargo, el juez Hugo Carbonó negó la petición, argumentando que ya se han otorgado ocho prórrogas previas.

"Van ocho aplazamientos y este sería el noveno. Nunca van a dejar a la Fiscalía hacer una simple enunciación probatoria, no es razonable. La audiencia debe seguir. Esto es una orden", sentenció el juez, marcando un punto de inflexión en el proceso.

La Fiscalía acusa a Nicolás Petro de haber recibido más de $1.053 millones provenientes de fuentes ilícitas para aumentar su patrimonio personal. Entre los señalados aportantes están Samuel Santander Lopesierra, conocido como "El Hombre Marlboro" y exnarcotraficante, quien también enfrentó la pérdida de su candidatura a la Alcaldía de Maicao; Alfonso "El Turco" Hilsaca, empresario investigado por homicidio y concierto para delinquir; y Óscar Camacho, empresario cucuteño.

De acuerdo con la confesión del propio Nicolás Petro, parte de los recursos habrían ingresado a la campaña presidencial de su padre, aunque aseguró que ni Gustavo Petro ni su equipo de campaña estaban al tanto de estos manejos financieros.

El proceso también involucra a Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien colabora con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad. Según las investigaciones, tanto ella como Nicolás habrían manejado los recursos ilegales para beneficio personal.

El caso ha generado un intenso debate en torno a las responsabilidades individuales y las posibles implicaciones políticas, especialmente debido a los vínculos del dinero con figuras del crimen organizado.

El cambio de abogado y las constantes solicitudes de aplazamiento han sido interpretados como señales de un intento de dilatar el caso. Sin embargo, la negativa del juez Carbonó podría acelerar el ritmo del proceso. Por su parte, la posibilidad de un preacuerdo entre Nicolás Petro y la Fiscalía plantea interrogantes sobre los alcances de una eventual colaboración y las concesiones legales que esta implicaría.