“No podemos permitir que los corruptos sigan ganando demandas contra el Estado”

El contrato de la Unión Temporal Centros Poblados no solo se quedará en la salida de Karen Abudinen del Ministerio de las TIC. El Gobierno Nacional evalúa demandar a este contratista por presentar certificados falsos en una licitación pública. Así lo confirmó en InsideLR, Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), quien aseguró que la figura que se usará es una acción de reparación directa.

¿La Andje intervendrá en la demanda de UT Centros Poblados?

La demanda no ha llegado, pero la agencia participará y estamos trabajando con el Ministerio de las TIC para hacer la defensa, porque quienes presentaron los documentos falsos fueron ellos, los contratistas. Hay que aplicar los mecanismos legales y la Agencia apoya al MinTIC porque no podemos seguir permitiendo que los corruptos sigan ganando las demandas.

¿Qué pasará con la caducidad del contrato?

El MinTIC ha seguido trabajando porque la prioridad es llevar el internet a la niñez del país. Ellos estudiarán las alternativas de nuevos oferentes. Estamos de la mano con el MinTIC con lo que tiene que ver con el proceso de caducidad. No descarto que haya una demanda del Estado contra particulares (UT Centros Poblados o sus representantes legales) por el daño causado: si vemos que hay lugar a demanda, vamos a demandar.

Hablando de demandas, Odebrecht también presentó una ¿En qué va eso?

Odebrecht manifestó la intención de arbitraje de inversión y se quedó ahí. No hemos vuelto a saber de ellos y el caso no ha avanzado. Y si avanza creemos que es un escenario desfavorable para Odebrecht y Colombia está lista para defenderse porque ellos cometieron los errores.

¿Para cuándo quedó su visita a la Corte Penal Internacional?

La defensa del Estado ante la CPI la lleva la Agencia. Estamos reprogramando la presentación de Colombia a finales de mes para presentarla ante el nuevo fiscal. Se preparó un informe en el que participó la JEP, la Fiscalía, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Penal Militar. Todos nos ayudaron y fue un trabajo entre todas las instituciones, el cual presentaremos una vez termine la audiencia entre Colombia y Nicaragua.

¿Cuáles son los avances que se presentarán al nuevo fiscal?

Colombia tiene cinco casos para presentar ante la Corte Penal Internacional: paramilitarismo, falsos positivos, violencia sexual; además, hay un monitoreo especial de la justicia ordinaria a la justicia transicional, a la JEP y, adicionalmente, el tema de desplazamiento. En paramilitarismo y falsos positivos ha habido avances importantes. Llevamos todos los resultados de la justicia transicional y lo que está avanzando en la JEP.

¿Cuál es la mayor razón por la que demandan al Estado?

Hay distintas circunstancias. En lo nacional, es la privación injusta de la liberad, el tema pensional y lo relacionado con seguridad social. Tanto las pensiones como las cesantías ocupan un alto volumen de demandas, aunque los montos no llegan a ascender tanto.

¿Y en los arbitrajes internacionales?

Los arbitrajes internacionales son distintos. Hoy, los temas más demandados son los minero-ambientales, como el reciente fallo del caso del páramo Santurbán. También en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en que la agencia hace la defensa de Colombia, la principal causa son las demoras en la aplicación de la justicia.

¿Cómo están las cifras de las demandas?

Tenemos con corte al primer semestre de este año 320.577 demandas que valen $431 billones, además de 79 procesos arbitrales nacionales que valen $4,7 billones. Contabilizamos también 14 controversias de inversión y 771 casos en el Sistema Interamericano de DD.HH. Estamos recibiendo cerca de 45.000 demandas el año pasado, pero veníamos de más de 100.000 demandas anuales.

¿Cuántos arbitrajes de inversión tienen fallo?

Se han tomado decisiones en Electricaribe contra Colombia, Claro contra Colombia y dos de la Familia Carrizosa contra Colombia. Son cerca de US$4.000 millones de que hemos ganado. Quedan 14 más incluyendo Eco Oro que le queda un trámite.

¿Cuánto debe el Estado en pago de demandas?

Hasta 2018, la cifra de deuda por demandas no aparecía y lo que hicimos fue visibillizarla: de $10,2 billones subió a $12 billones porque desde 2014 se dejó de pagar esa deuda y no sabemos la razón. Son deudas que por ley tienen un interés máximo comercial posible, entre 28% y 30%, lo cual hizo que se convirtiera en un negocio que no es muy afortunado. Con el Plan Nacional de Desarrollo se produjo una norma con la que se empezaron a pagar sentencias y, recientemente, hace dos semanas, se expidió un nuevo Decreto para agilizar el pago de la deuda.

¿A qué se debe la tasa de éxito de los casos en que interviene la Agencia?

La tasa de éxito se la logrado subir y ha ido pasando poco a poco de 40% del promedio nacional a 51,7%. Cuando la Agencia interviene está por encima de 80%. La Agencia interviene en casos que valen $250 billones y el éxito se debe a una coordinación institucional. Somos concretos en los argumentos y amplios en las pruebas y solo somos condenados en un promedio de 17% de las pretensiones.

¿Qué lineamientos entregará la Agencia sobre la protección del patrimonio cultural?

Está prácticamente listo y esperamos que el lineamiento de protección a los bienes culturales se produzca en los próximos días. Hemos visto que aquí no se le da la protección a los bienes culturales. La Agencia recopilará las sanciones administrativas y judiciales y les da indicaciones a todas las entidades del Estado a nivel nacional para que ejerciten los instrumentos legales para protección del patrimonio cultura.

¿Cómo es la reforma que proponen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El Sistema Interamericano es necesario y Colombia fue uno de los creadores. La idea no es salirse del sistema, pero sí necesitamos celeridad en los procedimientos. Por ejemplo, la JEP es un recurso nuevo y adecuado y el sistema debería enviarle los casos, esto podría descongestionar el portafolio de Colombia: son cerca de 55% de los casos de los 740 que tenemos notificados los que podrían devolverse a la JEP.

¿Qué expectativas tiene la Agencia para final de año?

Estamos con un proyecto de legal tech, de analítica y de inteligencia artificial. Mi sueño es cerrar el año con esa estrategia ya funcionando en la Agencia.