Problema de hacinamiento en cárceles persiste, a pesar de aumentos en el presupuesto

La Contraloría aseguró que las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional durante los últimos 20 años, ocho Conpes y ocho Planes Nacionales, y las billonarias inversiones realizadas, han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia.

El estudio “Desafíos de las Políticas Públicas, la Institucionalidad y el Uso de Recursos en la Crisis Carcelaria y Penitenciaria en Colombia”, realizado por La Contraloría General de la República evidenció graves fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades del Gobierno Nacional, y en especial de la Rama Judicial.

El estudio de la Contraloría General demostró que no se han tomado acciones efectivas que permitan un manejo eficiente de las causas estructurales de la problemática, como son, el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal.

Como resultado de una encuesta realizada por la CGR entre los 126 directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, la Contraloría General encontró diferencias en la información de cupos carcelarios que maneja el Inpec, situación que generó a la entidad serias dudas frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de las políticas públicas y la asignación de presupuestos y recursos a las instituciones responsables.

La Contraloría indicó que la crisis carcelaria y los altos índices de hacinamiento no se solucionan con acciones únicamente encaminadas a aumentar la capacidad instalada en los establecimientos de reclusión del orden nacional, sin tener en cuenta las estrategias orientadas a mejorar las condiciones humanas y de resocialización de los internos.

Reingeniería y cambios estructurales

Desde la opinión de los expertos entrevistados, se planteó la importancia de realizar una reingeniería y transformaciones al Inpec y a la Uspec como entidades responsables del sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta los bajos índices de efectividad.

Considerando los resultados del estudio y la relevancia de la posición de los expertos, la Contraloría agregó que es urgente la necesidad de que el Gobierno Nacional implemente las acciones que direccionen la gestión eficiente de las entidades públicas indicadas anteriormente.

A lo anterior se suma, el papel preponderante de la Rama Judicial, en particular los jueces de ejecución de penas en lo que respecta al otorgamiento de beneficios administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad; así como, los fiscales en los que recae la aplicación de las medidas privativas de la libertad.

Según la CGR, con el cumplimiento de lo establecido en la ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, se puede dar un balance adecuado entre cupos carcelarios y población privada de la libertad; esto es, si los alcaldes cumplen su responsabilidad frente a los PPL en calidad de sindicados, la presión de cupos en las penitenciarías puede disminuir 30%. Las medidas que puedan tomarse al respecto, dependerán de la categoría del municipio y de su capacidad económica.

Finalmente, a juicio de la Contraloría General, no habrá resultados efectivos, si las dos instituciones que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los centros penitenciarios y carcelarios; Inpec y Uspec, no incorporan cambios estructurales a su gestión, a la manera de articular acciones, a trabajar hacia el mismo propósito y a mejorar sus procesos en especial de planeación y control, que den garantía que las inversiones de los presupuestos públicos.