Procuraduría adelantará proceso contra tres funcionarios del MinTIC y dos integrantes de UT

La Procuraduría General de la Nación anunció que adelantará un proceso disciplinario contra cinco personas relacionadas con el escándalo del Ministerio de las TIC. En total, serán tres funcionarios del Ministerio y dos particulares de la UT Centros Poblados los que serán llamados a rendir declaratoria.

La investigación del ente de control tomó como referencia la adjudicación, celebración y ejecución del contrato " de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados"

De esta manera, la Procuraduría formuló pliego de cargos e inició un procedimiento verbal disciplinario contra los siguientes funcionarios del Ministerio y un par de particulares de Centros Poblados. Las personas llamadas a comparecer son:

- Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC;

- Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC;

- Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC;

- Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020;

- Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

Según el Ministerio Público, Meza Consuegra tiene una responsabilidad sumamente grave, pues en su participación en la etapa precontractual de la licitación pública y la actividad contractual del contrato de aporte desconoció los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva.

"Algunas de sus presuntas acciones reprochables fueron: abrir la licitación través de la Resolución 719 del 23 de septiembre de 2020, adjudicar la región B de este proceso de selección a la UT Centros Poblados Colombia 2020, mediante la Resolución 1138 del 9 de diciembre de 2020 y celebrar con esta misma el contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre de 2020, con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas", dijo la Procuraduría.

A lo anterior se agregó que hubo una modificación de las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador del proceso, las cuales fueron hechas por una consultora contratada por $2.000 millones para evaluar a fondo los parámetros del proyecto.