Procuraduría formuló cargos a exrepresentante legal de Electricaribe por varias irregularidades

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La Procuraduría General de la Nación informó mediante un comunicado que formuló cargos contra el exrepresentante legal de Electricaribe entre 2012 y 2016, José García Sanleandro y contra el exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía (2014 - 2016), Rogerio Ramírez Reyes por presuntas irregularidades en manejos de recursos públicos por valor de $211.227 millones.

La Procuraduría cuestionó la falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas (Faer) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) que representarían un detrimento por $45.769 millones.

Tales convenios gubernamentales tenían contemplado la culminación de 29 proyectos que quedaron inconclusos cuyo objetivo era asegurar la prestación eficiente del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe.

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Según la Procuraduría, García Sanleandro habría desconocido sus deberes en la medida en que debía administrar y velar por las rentas públicas entregadas para obras en su cartera. Por su parte, Ramírez pudo omitir sus deberes como supervisor de los contratos vinculados al Faer y Prone.

"En un segundo cargo se cuestionó al exrepresentante legal de Electricaribe por la presunta aplicación indebida del subsidio del Foes (Fondo de Energía Social), que concede el Gobierno nacional al consumo individual de energía por parte de los usuarios de estratos 1 y 2, el cual habría sido otorgado contrario a lo previsto en la norma, esto es, al consumo comunitario", cita el comunicado.

Al proceso se agrega una sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios luego de comprobar irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social (Foes) que Electricaribe habría aplicado de manera indebida. Se trata de $165.458 millones que la empresa empleó en disminuir sus pérdidas entre octubre de 2012 y diciembre de 2016, bajo el liderazgo de García.

El ente de control aseguró que "con estas posibles conductas los investigados podrían estar incursos en falta gravísima cometida con culpa gravísima. Los implicados podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren no pertinentes para su defensa".