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Judicial

Procuraduría General formuló cargos en contra de 12 miembros directivos de Bioenergy

Según el ente de control, los malos manejos y la omisión en la construcción de la planta "El Alcaraván" generaron pérdidas

13 de octubre de 2020

Jonathan Toro


Canal de noticias de Asuntos Legales

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra 12 miembros de la junta directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy, que desempeñaron funciones en el periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2017. La filial de Ecopetrol está siendo investigada por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol ‘El Alcaraván’, en Puerto López (Meta), que supuestamente podrían haber generado un detrimento patrimonial cercano a $41.000 millones.

Según la Procuraduría, los investigados omitieron solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción, ocasionando con ello el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar.

De la misma manera, el ente de control alegó que durante este mismo periodo de tiempo se habrían hecho pagos millonarios por el arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivadas por Bioenergy, ni habían sido arrendadas por Riopaila Castilla. Así pues, el supuesto detrimento patrimonial por este concepto ascendería a la cifra de $2.235 millones, en el caso de Aleck Santamaría De La Cruz, y de $611 millones, por parte de Rafael José Pitalagua Guerra; quienes estaban encargados de dicho proyecto.

El Ministerio Público también pidió explicación sobre posibles inconsistencias, por presuntamente haber autorizado un aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, acordado por Santamaría De La Cruz, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de $4 billones.

La medida cobija a los entonces miembros de la Junta Directiva Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; y a los exgerentes generales y exrepresentantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael José Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.

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