Procuraduría pide a la JEP rechazar solicitud de sometimiento de involucrados en chuzadas

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Los exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, procesados por interceptación ilícita de comunicaciones, solicitaron someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin embargo, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se rechazara la solicitud, al considerar que los delitos no se cometieron con ocasión del conflicto armado, ni están relacionados con este.

“Lo que influyó en los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo para realizar la conducta fueron motivaciones personales y no que la existencia del conflicto armado haya determinado su comisión”, dijo el Ministerio Público en un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Igualmente, la entidad resaltó que los hechos delictivos que son investigados tuvieron lugar después del 1 de diciembre de 2016, por lo que no pueden estar en la Juridicción Especial para la Paz.

La Procuraduría, además, recordó que Gómez Góngora, que trabajaba como coordinador de la Sala Zeus de la Fiscalía, "fue designado por la estructura criminal para que realizara interceptaciones ilegales, con apariencia de legalidad, en contra de un líder sindical".

Así mismo, señaló que fue coyuntural que las actuaciones del exfiscal Martínez Lugo afectaran el proceso de paz, en cuanto "los seguimientos e interceptaciones a los capitanes sindicalizados de Acdac, al igual que los relacionados con la empresa Enel-Codensa, probaban la existencia de una empresa criminal constituida para la prestación de servicios de inteligencia e interceptación de comunicaciones, lo que confirmaría la hipótesis de la investigación por la que es procesado".

Gómez fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones, mientras que el exfiscal Martínez Lugo está vinculado a un proceso penal, en calidad de acusado, por los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.