Procuraduría solicitó redoblar esfuerzos para garantizar la protección de líderes sociales

La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Fernando Carrillo, jefe supremo del Ministerio Público, hizo el llamado de emergencia por el asesinato de siete líderes sociales en la primera semana de 2019.

“Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los once compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advirtió Carrillo Flórez.

Carrillo instó al Gobierno para que mejore los esquemas de protección personal y se genere un cambio de fondo, "más allá de a retórica y las buenas intenciones”. Por esta razón, extendió su llamado para que los organismos de protección e investigación adopten medidas de prevención contra nuevos hechos que callen las voces de los protectores de derechos humanos en los territorios.

El procurador también informó la lamentable noticia de que en 2018 no se alcanzó la meta de reducción de atentados contra la vida de líderes sociales y criticó que en el país no exista una fuente que centralice y valide las cifras de esta tragedia.

Según datos de la Policía Nacional en 2018, las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo fueron 164 (153 hombres y 11 mujeres), y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Con esto pudo evidenciar que se han cometido crímenes contra más de 350 líderes y lideresas sociales. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).