¿Qué hacer cuando una empresa vulnera los derechos al consumidor?

a mayoría de las vulneraciones por derechos del consumidor llegan a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad ha creado múltiples mecanismos digitales para recoger las solicitudes de consumidores inconformes.

La dirección de asuntos jurisdiccionales de esta entidad tiene la competencia para conocer tres clases de eventos que se relacionan con la vulneración de derechos a los consumidores, estos son: derechos del consumidor, régimen de competencia desleal y pleitos de propiedad.

Sin embargo, en los últimos años el crecimiento de denuncias por la vulneración del régimen del consumidor, establecido en la ley 1480 de 2011.

Las demandas que llegan a esa entidad tienen tres episodios que todo consumidor debe tener en cuenta.

El primer punto es que se radique una queja directamente ante la compañía que vulneró sus derechos. El consumidor inconforme debe informarle a la empresa los motivos de su queja y las razones que fundamenten la vulneración al estatuto. Es importante que aporte las pruebas pertinentes.

Si la empresa que lo engañó no le responde su solicitud o decide negársela, usted ya podrá acudir ante las autoridades para reclamar. En este punto tiene dos opciones: acudir a las funciones jurisdiccionales de la SIC o tramitar su caso ante un juez ordinario.

Para José Luís Jerez, socio de Cáez, Muñoz Mejía Abogados y experto en temas de derecho al consumidor, lo mejor es radicar la queja ante la SIC. “Allí encontrará un funcionario especializado, que podrá decidir con celeridad y conocimiento en un tiempo mucho menor”, recomendó Jerez.

El exsuperintendente Gustavo Valbuena aseguró que “las funciones jurisdiccionales han sido un avance muy importante para el comercio nacional”.

Después de haber radicado correctamente la demanda, el tercer paso para solucionar sus problemas dentro del mundo comercial es estar pendiente del desarrollo del proceso. Para ello, la entidad destinó una plataforma digital para que los consumidores puedan atender el curso del litigio.

Si al final del proceso, la entidad decide ordenar el pago, lo importante es que las empresas paguen lo más prontamente posible, porque podrían afrontar multas de $900 millones.