De comprobarse la culpabilidad de la empresa en la promoción engañosa, podría afrontar una multa económica de hasta $1.232 millones.
En abril de 2014, la Superindustria, recibió la denuncia de un consumidor y efectuó una visita administrativa de inspección a las instalaciones de la organización americana, ubicadas en el Centro Comercial Titan Plaza de Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento del Estatuto del Consumidor en lo referente a los temas de información y publicidad.
En desarrollo de la visita administrativa de inspección se requirió información sobre la promoción vigente y solicitó las facturas emitidas en dicho establecimiento con ocasión de la citada dinámica comercial y encontró irregularidades en el establecimiento.
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La Sala consideró en principio “que los requisitos de admisibilidad de una acción de revisión entre las dos jurisdicciones se diferencian en relación con dos asuntos”
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