Superintendencia de Industria y Comercio investigará a la FCF, Dimayor y 19 equipos

En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que abrió una investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, la Dimayor y 19 equipos del Fútbol Profesional Colombiano.
De acuerdo con la Superintendencia, esta investigación obedece a las que ya venido haciendo en relación con el fútbol colombiano. La Delegatura para la Protección de la Competencia señaló que en esta ocasión obedece a la presunta infracción en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del fútbol profesional colombiano, también llamado 'mercado negro', que en sí se convierten en una posible restricción al mercado de futbolistas, una práctica muy polémica.

"Se abrió investigación y formuló pliego de cargos contra los agentes de mercado descritos por la presunta infracción de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del fútbol profesional colombiano", dice el comunicado de la Delegatura para la Protección de la Competencia, en el que habla de esta resolución, la 20140 de 2024.

Y es que la SIC abrió el proceso para interrogar y recolectar testimonios de testigos (dirigentes, futbolistas activos y exfutbolistas) para ampliar la investigación en aspectos como restricción al derecho de asociación, acceso a la justicia, creación de las denominadas "listas negras" (donde jugadores eran bloqueados por sus clubes para no poder ser contratados), entre otras prácticas restrictivas de la libre competencia.

Este tipo de prácticas habían sido denunciadas por Acolfutpro y su presidente, Carlos González Puche.

Ya en este tema del fútbol, la SIC había tomado decisiones. En septiembre pasado el organismo había formulado pliego de cargos contra la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes del fútbol colombiano por contratos en el balompié femenino. De acuerdo con la SIC, se presentó una ‘cartelización salarial’ en la contratación de las jugadoras pertenecientes a varios equipos de la Liga Femenina del país.

La SIC deberá determinar si los rectores del fútbol y estos conjuntos desarrollaron un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina en el país desde el 2017 hasta la actualidad.

“Los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales”.

Esta investigación (la de septiembre pasado), además, vincula a personas naturales como Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor; Fernando Jaramillo (actual presidente del ente rector del fútbol colombiano); Carlos Alberto Barato; Luis Eduardo Méndez (presidente de Santa Fe); Diego Fernando Perdomo; Carlos Mario Zuluaga y Óscar Ignacio Martán.