Terminó el juicio contra el exmagistrado Jorge Pretelt, el fallo se conocerá en 10 meses

Concluyeron los alegatos finales de juicio contra el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien es procesado por el delito de concusión, relacionado con el supuesto trámite irregular de una tutela interpuesta por la empresa Fidupetrol.

El abogado defensor Abelardo de la Esprilla concluyó su exposición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia argumentando que el principal testigo contra el exmagistrado, Víctor Pacheco, habría incurrido en falso testimonio y que su supuesta reunión en la que se acordó el supuesto pago de 500 millones de pesos para que se aceptara el trámite de la tutela nunca existió.

Ahora, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá a estudiar las pruebas y alegatos tanto de la defensa como de los acusadores para tomar emitir un fallo, el cual podría darse en 10 meses.

El caso en mención tiene que ver con la condena contra el exgobernador de Casanare, Witman Herney Porras por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con la inversión que hizo su administración de 63.000 millones de pesos en fiducias de alto riesgo, entre las que estaba la empresa Fidupetrol. Por estos hechos el exgobernador fue condenado a 18 años de prisión y al pago de una multa de 45.000 millones de pesos, sentencia en la que se determinó que Fidupetrol debía reintegrar 25.000 millones de pesos a la gobernación como pago solidario.

La petrolera instauró una tutela que fue negada porque en octubre de 2014 el entonces magistrado ponente, Mauricio González, consideró que no hubo ningún derecho fundamental que hubiera sido vulnerado.

Sin embargo, el abogado de la empresa, Víctor Pacheco, señaló que sostuvo una reunión con el magistrado Jorge Pretelt, en la que se habría acordado el pago de un soborno de $500 millones.

Entre los argumentos expuestos por De la Espriella está el de un supuesto complot contra de Pretelt, por parte de miembros de la Corte Constitucional a quienes señalad de ser amigos del Gobierno, y quienes estarían interesados en apartarlo del Alto Tribunal por su conocida posición contra algunas de las leyes que hacen parte de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, los cuales estaban en trámite en el Congreso de la República para la fecha de los hechos y que debían pasar a revisión constitucional en la Corte.