Unidad para las Víctimas busca proteger a sus beneficiarios de fraude

Con el fin de hacer seguimiento a los hechos que pueden representar delitos que atenten contra la política pública de víctimas, la Unidad para las Víctimas lanzó la campaña 'Que no le echen cuentos'.

El anuncio lo hizo el director General de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez, quien aseguró que la estrategia de prevención contra el fraude pretende no solo detectar registros falsos de víctimas sino evitar que intermediarios puedan aprovecharse económicamente de las víctimas. En este sentido, recordó que todos los trámites con la Unidad, así como con todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV, son gratuitos y no requieren de terceros.

El director les manifestó a quienes buscan ser incluidos como víctimas que siempre deben decir la verdad porque hacerse pasar por falsa afectado por la violencia es un delito. Dijo que se debe hacer buen uso de las ayudas y la indemnización que el estado ha implementado en su beneficio.

"A junio de 2019 se registraron un total de 6.796 quejas, de las cuales 2.402 han sido denunciadas ante la Fiscalía, el 76% corresponde a presuntas falsas víctimas por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctimas. El restante 24% corresponde a los delitos de estafa, falsedad en documentos, fraude de subvenciones, falsedad personal, entre otros”, añadió.

En este mismo sentido, Rodríguez, señaló que la Unidad de Víctimas continúa en la depuración del Registro Único de Víctimas. Sostuvo que iniciaron la clasificación de casi 15.000 registros por posibles inconsistencias y de los cuales a la fecha se han excluido 6.177 personas. Estos hallazgos serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones correspondientes.

“La modalidad de víctimas falsas implica la existencia de falsos testimonios o declaraciones sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos victimizantes. Generalmente en esta modalidad se pretende cobrar ayudas humanitarias o indemnizaciones. En algunos casos hemos identificado redes de tramitadores que cobran porcentajes o exigen sumas de dinero para estructurar este tipo de falsedades y luego cobrar las medidas que entrega la Unidad, aun acudiendo a acciones de tutela, en las cuales igualmente hacen incurrir en error a los jueces para el reconocimiento de dichas medidas”, agregó el director de la unidad.

De acuerdo a la entidad, se han identificado
organizaciones fachada que contactan a las víctimas con el fin de prometer subsidios, indemnizaciones, vivienda y todo tipo de beneficios, lo que se constituye en el delito de estafa.

En Pereira, por ejemplo, dijo Rodríguez, una organización se aprovechó de 36 víctimas incluidas en el Registro de la Unidad, logrando captar más de 700 millones de pesos. Por este hecho fueron capturados cuatro integrantes del grupo, entre ellos el líder de la organización.

Los datos del organismo indican que el 24 % de las denuncias presentadas por la Unidad para las Víctimas corresponden a falsificación de documentos y acceso abusivo a las bases de datos de la entidad. En esta modalidad, se ha identificado la existencia de redes y organizaciones de tramitadores que exigen importantes porcentajes del valor de la atención humanitaria o indemnizaciones administrativas a que tienen derecho las víctimas, bajo la supuesta gestión para priorizar el pago a sus beneficios.
En otros casos, se ha logrado identificar la existencia de organizaciones que se dedican a falsificar documentos.

Por otro lado con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN, en el departamento de Antioquia y Bogotá se han logrado 56 capturas en las cuales se han visto involucradas redes de tramitadores.