Hasta aquí todo pareciera interesante, pertinente y con temas de la coyuntura nacional, que hacen este encuentro atractivo para expertos y legos en estos temas. Lo que sí ha resultado muy desafortunado, han sido las opiniones expresadas a la prensa, por el magistrado Luis Ernesto Vargas, presidente de la Corte Constitucional, al explicar el alcance del encuentro y convocar a las gentes para asistir al mismo. Dice el magistrado que en este evento se debatirán temas como el derecho al agua y a la tierra, los cuales “hacen parte de los debates constitucionales más importantes del mundo”, pero al referirse a la industria minera opina el magistrado que “el tema de la minería también está en la agenda” porque “ese es un gran problema que Colombia afronta actualmente”.
El problema de la minería es precisamente la opinión de las personas que como él, la consideran un “problema” y no la solución a tantas necesidades e inequidades que afectan a nuestra sociedad. Solución por los importantes recursos que aporta para el financiamiento de los programas de gobierno. Son entonces difíciles los días que viven las industrias extractivas, cuando además se publican libros, como los de la Contraloría General de la República, que las desacreditan frente a la opinión pública. Sin embargo, no todo es negativo. En reciente fallo (Sentencia C-123/12) de la Corte Constitucional, ésta Corporación explica el sentido y alcance del desarrollo sostenible como aquel en virtud del cual “las actividades que pueden tener consecuencias en el ambiente - verbigracia, actividades económicas - deben realizarse teniendo en cuenta los principios de conservación, sustitución y restauración del ambiente.” Explica además que la Constitución prevé que sea responsabilidad prioritaria de todas las instituciones del Estado “armonizar su proyección con los objetivos de crecimiento económico y desarrollo de la actividad minera.” Siendo así las cosas, mal puede decirse que la minería per se sea un “problema”, el problema son quienes no cumplen con sus responsabilidades, tanto en el sector público como el privado, porque se desarrolle dentro de los parámetros del llamado desarrollo sostenible. Nos recuerda la Corte en esta sentencia, citando la Sentencia C-519 de 1994, que “el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico”, por lo que en Colombia, no es una opción valedera polarizar las opiniones hacia alguno de los dos extremos: ni el desarrollismo salvaje ni el talibanismo ecológico.
Es necesario tener presente que la economía formal, de la que hace parte la industria minera, es la que promueve el desarrollo de las regiones, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y el progreso del país. Abandonar la divulgación de mitos como que la minería acaba con las fuentes hídricas, cuando las cifras a nivel mundial muestra que los promedios mundiales de uso del agua indican que la agricultura consume el 70%, la industria el 19% y los usos domésticos el 11%, mientras la minería solo consume el 2%, es lo honesto y responsable con el país. Es evidente que el mayor problema ambiental de Colombia hoy, no es la minería, es la deforestación. La minería en explotación solo abarca el 1% del territorio del país y, en los últimos años, se han perdido casi dos millones de hectáreas de bosques en Colombia, lo que ha conducido a una de las más graves sequías vividas en la últimas décadas. Soluciones a estos “problemas” son los que el país necesita, no promover la animadversión contra las industrias extractivas.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
