Acuerdo sobre drogas es cuento chino

Lleno de lugares comunes este acuerdo señala que las partes -gobierno y Farc-   se comprometen a ver el problema de las drogas como algo integral en donde la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo deben ser la base de la solución, y en donde el uso de la fumigación sería la última opción en contra de los cultivos ilícitos. Asimismo, hace énfasis en que este es un problema de salud pública y no militar ni policivo. 

Tanto los académicos inexpertos que buscan reconocimiento como los políticos latinoamericanos que están detrás de los votos y el apoyo popular consideran que el cambio hacia una política más inspirada en programas de salud pública es innovadora y pretenden a toda costa descalificar la política de cero tolerancia con énfasis en aspectos de represión liderada por las Naciones Unidas. Aseguran, además, que estas medidas represivas solo han generado el hacinamiento en las cárceles americanas por cuenta del mercado de las drogas y altos niveles de violencia, sin evidenciar aumentos en el precio de los narcóticos ni disminución en su consumo. 

Asumiendo la falla del modelo impulsado por las Naciones Unidas, la reforma que se propone hoy en La Habana no es algo novedoso como el Gobierno y las Farc se lo quieren vender a los colombianos. 

En Colombia, por ejemplo, la dosis mínima legal de marihuana o cocaína representa una política de legalización/regulación aun cuando el país siga las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas y su política de tolerancia cero. Asimismo, la existencia de programas de reducción de daños debido al consumo de estupefacientes se ha hecho presente en varios de los países miembros de las Naciones Unidas. Como último ejemplo, basta mirar la estrategia nacional de control a las drogas del año 2013 por parte del gobierno de los Estados Unidos para darse cuenta del giro que en la práctica está tomando la lucha contra las drogas en ese país. 

Aunque Estados Unidos sigue hablando de tolerancia cero el énfasis ya no está siendo policivo sino de programas de salud pública y educación. Evidencia de esto se encuentra en el presupuesto destinado para programas de prevención, tratamiento, y educación donde cuentan estos programas con más recursos que los programas policivos y militares. 

Entonces quienes insisten en impulsar en Colombia un cambio de modelo deben ver en la práctica lo que ha venido pasando desde hace ya varios años. Ahora bien, ¿estamos preparados en la práctica para hacer un mayor énfasis en programas de salud pública y educación cuando tenemos unos sistemas de salud y educativo en crisis? Para muchos es claro, y por lo tanto popular, hablar de un cambio hacia este tipo de programas pero en realidad nadie se pregunta la institucionalidad necesaria para que este cambio sea efectivo en la lucha contra el problema de las drogas. 

Muchos, además, piensan que el cambio de modelo llevará a destinar menos recursos a los programas policivos y militares, lo cual no es necesariamente cierto. Siempre será necesario mantener un nivel de inversión en el sistema judicial y militar para blindar las instituciones de los esfuerzos de las organizaciones criminales por permear la institucionalidad. Por esto, es necesario que antes de pensar en un énfasis hacia programas de salud pública y educación para atacar el problema de drogas tengamos unas instituciones de salud y educativas fuertes para atacar muchos otros problemas que enfrenta Colombia y que abarcan una mayor población que aquella que se ve perjudicada por las drogas ilícitas. 

Necesitamos mejor infraestructura carcelaria, nueva infraestructura asistencial, un sistema de salud mental que no existe en Colombia y una mayor regulación a los programas de psicología del país para generar profesionales de alta calidad; un Ministerio de Educación Nacional que realmente lidere el futuro del sistema educativo, que regule y apoye al sistema privado de educación y que mejore la calidad del sistema público, que pueda generar consensos con Fecode, que estimule y apoye la organización estudiantil y que haga participativo el desarrollo del sector. Todo esto, antes de hablar de programas de salud pública y de educación que ayuden a disminuir el problema de drogas que enfrenta Colombia.