Por medio de anuncios fuertemente mediatizados, se hace saber al país que habrá recompensas más altas por delación, que se implementarán mayores controles; que habrá atención especializada para las víctimas, y cosas semejantes. Todo, como si se tratara de un paquete de medidas producto de la creatividad del gobierno en ejercicio.
Sin embargo, esta reactividad, tan propia del momento que vive el país, estuvo precedida por 9 meses de un accionar bastante modesto y precario por parte de ese mismo Poder Ejecutivo que hoy anuncia “mano dura”, solidez y firmeza en contra de este delito.
La ley 1639 que agrava las penas con ataques con ácido empezó a regir el pasado 2 de julio del 2013, no obstante, sólo hasta ahora se habla públicamente de atención a las víctimas, de cirugías reconstructivas gratuitas o del registro a las ventas de estos productos. Iniciativas, todas ellas, que el Congreso aprobó en su oportunidad respaldando el proyecto de ley radicado por el Movimiento Mira.
No le vendría nada mal al país mayor sensatez y coherencia en relación con este delito y con lo que debe hacerse al respecto, para erradicarlo definitivamente de nuestra sociedad.
Con todo, no deja de preocuparnos que sobre otros temas, igualmente sensibles y de la mayor importancia, acerca de los cuales Colombia necesita mayor acción y atención; para los que ya tenemos iniciativas en curso a modo de proyectos de ley; pasen cosas como estas.
Nuevamente obtenemos resultados insatisfactorios en materia de Educación en las pruebas Pisa. Mírese entonces el proyecto que oficializa el grado 12 como alternativa de mejoramiento en calidad y pertinencia, para los futuros bachilleres.
O por otro lado, la delicada realidad social que gira en torno a la prestación de los servicios públicos. ¿Cómo no darle una mano a quienes viven en estratos 1 y 2, garantizándoles el acceso a un mínimo vital completamente gratis? Véase también entonces, el proyecto que radicamos sobre esta materia, y que actualmente estudia el Congreso de Colombia.
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