Ganaron todos

En días pasados, a través de su cuenta de Twitter, Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, realizó un ejercicio de evaluación del actual Gobierno que me pareció bastante interesante. En ese momento, Martín invitó a sus seguidores a mencionar una cosa buena que pudieran resaltar de la actual administración. No suelo participar en ese tipo de invitaciones en mis redes sociales, sin embargo, hoy, en medio de una turbulenta coyuntura nacional, quiero resaltar una cosa de este mandato: la reestructuración y gestión de la renovada Superintendencia de Transporte.

Antes de diciembre de 2018, la entonces Superintendencia de Puertos y Transporte parecía una entidad anticuada con muy pocas herramientas para ejercer las funciones de supervisión del sector transporte que por ley y por virtud de la delegación presidencial le habían sido encomendadas. No obstante, a través del Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018, se reestructuró dicha Superintendencia de manera transversal, otorgándole una serie de herramientas que han sido bastante exitosas, de las cuales quiero resaltar principalmente dos.

En primer lugar, se cambió el nombre de la entidad a Superintendencia de Transporte. Ello significa un mensaje de una autoridad de supervisión única de todo el sector con toda la capacidad técnica y especialidad para hacerlo, sin distinguir el medio de transporte al cual se hiciera referencia. En segundo lugar, se creó la Delegatura para la Protección de Usuarios del sector transporte. A través de esta dependencia, la Superintendencia deja clara su función de inspección, vigilancia y control en materia de protección de usuarios de todas las modalidades del sector transporte. Queremos resaltar que una policía administrativa fuerte garantice que sistemáticamente se garanticen los derechos de los usuarios de un servicio público esencial.

De acuerdo con el informe de gestión de la mencionada Delegatura, a octubre de 2019, se habían recibido más de 5.800 peticiones, quejas o reclamos de los usuarios de las modalidades de transporte terrestre, aéreo o acuático, de las cuales más de 3.500 motivaron el inicio de averiguaciones preliminares que resultaron en la apertura de 29 investigaciones administrativas sancionatorias a las empresas prestadoras de los servicios.

Los principales motivos en las quejas en el sector terrestre son la pérdida del equipaje, el incumplimiento en las condiciones contratadas, tales como horario, paradas y tipo de vehículo, y fallas en las devoluciones de dinero. En lo que respecta al sector aéreo, las razones de los quejosos tienen que ver con reembolsos no efectuados, demoras o cancelaciones, y cambios de Itinerario.

Este volumen de denuncias, sin duda, se traduce en una confianza de los usuarios en la entidad que tiene la función de velar por el cumplimiento de sus derechos. La ven con capacidad, fortalecida y comprometida con el mejor funcionamiento del sector. Es evidente que un correcto ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor resulta en eficiencias que mejoran el funcionamiento general del mercado. Es así como los diferentes agentes que interactúan en las diferentes modalidades de transporte terminan beneficiados. Una eficiente y eficaz policía administrativa deviene, casi siempre, en un sistemático y funcional cumplimiento de las normas que regulan las actividades, en este caso, la prestación de un importante servicio público.

Como lo dijimos al comienzo, ganaron todos: usuarios, gobierno, prestadores del servicio y organismos de apoyo. Ganó el país.