Por la modernización del sistema financiero

Las últimas dos décadas dan cuenta de un gran esfuerzo por modernizar la regulación financiera colombiana, procurando dotar a las autoridades de regulación y supervisión, a la industria y a los consumidores financieros de un marco normativo moderno, acorde con las realidades de entornos aceleradamente cambiantes. Desde la expedición de las Leyes 546 de 1999 y la Ley 795 de 2003, hasta reformas recientes, entre ellas, la adoptada con la Ley 1870 de 2017, régimen de conglomerados financieros, apreciamos un intenso trabajo de actualización normativa, complementado con el ejercicio de las facultades del Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera de Colombia.

Ese esfuerzo constante se ve hoy plasmado en la reciente radicación del Proyecto de Ley 413 de 2021 y en el diálogo público-privado sobre el modelo de banca abierta.

El primero, que ya registra algunas modificaciones en la ponencia para primer debate, basado principalmente en las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales y en los lineamientos incorporados en el Documento de Política Pública para el sistema financiero, anuncia como objetivos principales, la promoción de un sistema financiero, más dinámico y resiliente, acorde con el contexto de transformación digital y tecnológica, el impulso al sistema de pagos y a la inclusión financiera, el desarrollo del mercado de capitales, la modernización de la regulación para algunos sectores y el fortalecimiento del marco institucional.

En este sentido, se destacan en el proyecto aspectos de gran relevancia. La caracterización de un enfoque regulatorio para los servicios de pagos, que reconoce la profunda transformación de dicha industria, la participación de nuevos actores y su creciente relevancia en las estrategias de inclusión financiera y funcionamiento eficiente de la economía.

La necesaria actualización de algunas disposiciones de la normativa para el mercado de capitales, que desde la Ley 964 de 2005, extrañaba algunos ajustes que hicieran más eficiente el acceso, reconocieran la transformación de los proveedores de infraestructura y la vocación de integración internacional de nuestro mercado.

La modificación al régimen de multifondos buscando recoger mejores experiencias, en especial las orientadas a incrementar la rentabilidad para los afiliados. De otra parte, el diálogo sobre la banca abierta, que ha planteado interesantes deliberaciones, busca alinear el marco normativo con tendencias en la oferta y prestación de servicios financieros, partiendo de las experiencias de otras latitudes, pero reconociendo particularidades del contexto y la regulación local.

La actualización de la regulación financiera como se propone en el proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, tiene la potencialidad de impulsar iniciativas que impacten positivamente la vida de los colombianos, favoreciendo el acceso a más servicios financieros y transaccionales que se adecúen al perfil y necesidades del cliente, optimizando la rentabilidad del ahorro pensional permitiendo además que esos recursos apoyen aún más el desarrollo productivo y buscando que más personas accedan a productos de seguros y al mercado de capitales.

Conscientes de los retos que supone tramitar una reforma financiera como la presentada, estamos a la expectativa sobre el curso que puedan tener las discusiones y debates, esperando que se adelanten de manera propositiva, aportando al fortalecimiento y modernización del sistema financiero, mercado de capitales e industria aseguradora en Colombia.