La tragedia del edificio Space en la ciudad de Medellín conmovió a toda la opinión pública dada la magnitud de la tragedia y los cuantiosos daños que sufrieron todos los perjudicados con la misma. Llama la atención la manera en que nosotros reaccionamos frente a este tipo de sucesos, y los clamores por nuevas y mejores leyes que, se piensa, pueden evitar este tipo de infortunios a futuro.
Lamentablemente, en el ADN de los colombianos reposa la idea de que las leyes todo lo resuelven, y que todos nuestros problemas como sociedad y como país pueden mejorarse si se expidiesen nuevas y mejores leyes.
Cuentan los historiadores que este apego por la legalidad lo heredamos de Francisco de Paula Santander. Es así como, frente a cualquier tragedia, como puede ser la caída de un edificio, la muerte de ciudadanos en una de las denominadas corralejas, o un accidente de tránsito, siempre la primera reacción de la opinión pública es preguntarse por las leyes existentes al respecto. Siempre encontramos un defecto, una omisión, en las leyes que nos rigen, y clamamos por la expedición de nuevas y mejores leyes, sin reflexionar en el impacto que ello podrá tener en la cotidianidad de los ciudadanos, y hasta que punto se aplican realmente la cantidad de normas que hoy nos rigen como colombianos.
Lo anterior, es complementado con el habitual y fastidioso oportunismo político de nuestros honorables representantes, quienes presurosos salen a anunciar la presentación de novedosos proyectos de ley que resolverán todas nuestras dificultades como una manera de mostrar compromiso, condición de estadista y conexión con las necesidades del electorado.
La verdad es que en Colombia tenemos más leyes de las que necesitamos. Todo está regulado, para todo hay un decreto, una resolución, una circular, un articulito, un inciso. Este maremágnum legislativo conduce a que el sistema jurídico nacional no lo entienden ni los más eruditos juristas. Llegamos a conocer apenas parcelas específicas del mismo, si acaso. Cuando creemos conocerlo, sale otra normatividad novedosa, importada de las más avanzadas civilizaciones que nos cambia todo el conocimiento de un solo plumazo.
Las consecuencias de ello, son evidentes. Por un lado, un Estado paquidérmico, que para actuar y resolver las demandas de la comunidad tiene que pasar por infinidad de trámites, siempre adornados con el temor que a todos los funcionarios les producen tantos y tantos entes de control. Por otro, una economía que no crece como podría avanzar, por cuenta de la cantidad de trámites y solicitudes que debemos evacuar como ciudadanos para distribuirnos entre todos la riqueza que producimos como país. Por último, la verdad es que un inmenso porcentaje del ordenamiento jurídico colombiano no se aplica, simplemente, por que no se conoce. Y mejor que no se apliquen, pues los defectos de las normas que nos rigen son tantos y de tal magnitud harían reír a cualquiera.
Dejemos entonces de pensar que las leyes resuelven algo, porque no lo hacen. La realidad es que las leyes que nos rigen en Colombia dejaron de ser un ejercicio profundo y reflexivo, conectado con las necesidades de la comunidad y atento a las tendencias jurídicas, para entenderse como espacios de lo que hoy llamamos visibilidad., que no son otra cosa que oportunidades para figurar de manera individual.
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