La consulta anticorrupción: inútil y costosa

*Socio Ibarra Abogados.

La Consulta Anticorrupción que promueven las congresistas Claudia López y Angélica Lozano tiene un problema estructural que está por encima de la confrontación política que vive el país: no cambiará nada y mucho menos permitirá disminuir las cifras que se devora la corrupción, pues no tiene que ver en absoluto con las causas reales de este fenómeno en Colombia.

Sorprende la debilidad del Congreso y del Gobierno al aprobar ese proyecto banal y frívolo que costará más de $300.000 millones. Las siete preguntas que contiene no surgieron del propósito de aportar soluciones a los aspectos cruciales de la corrupción en los sectores público y privado, sino a revivir iniciativas de las promotoras que fueron negadas por el Congreso. Una especie de venganza política, con cargo al erario, que se refiere a temas que en esencia ya están previstos en la normatividad.

La mayoría de los colombianos rechazamos la corrupción, pero el origen básico del problema no está ni en los sueldos de los congresistas, ni en los beneficios penitenciarios, ni mucho menos en el formato de los pliegos de condiciones de licitaciones públicas; la raíz del asunto gira en torno de una grave crisis de valores que consume al país.

Nos hemos olvidado del principio de solidaridad que es la base de cualquier sociedad civilizada. Nadie piensa en el bien común y en el beneficio colectivo, cada quien busca su propio bienestar por encima del de los demás, carecemos de mecanismos de defensa que nos permitan rechazar de plano comportamientos lesivos para el orden social; no nos funciona el sistema inmunológico.

De ahí que, si se quiere realmente combatir la corrupción, en vez de despilfarrar los recursos en fútiles iniciativas como la planteada, es necesario diseñar una verdadera política de Estado, de largo plazo, que trascienda los gobiernos y los colores políticos, y que debiera al menos contener los siguientes puntos:

1. Una reforma estructural de la justicia que permita descongestionar los tribunales. Donde no hay justicia, hay corrupción. Es inadmisible la duración de los procesos en Colombia y que los jueces estén ocupándose de tutelas que ordenan a las EPS suministrar las drogas que tienen la obligación de entregar.
2. Reducir el tamaño del Estado y los trámites innecesarios. El exceso de burocracia y de trámites son un foco de corrupción. Países como Estados Unidos han logrado eliminar o suspender cerca de 1.600 trámites, lo que representa una reducción de más de 15 millones de horas anuales en papeleos.

3. Dignificar la profesión del servidor público. Es indispensable generar una mística y vocación del servicio público. En este empeño, es necesario buscar la profesionalización de las carreras que giran en torno al servicio público y diseñar incentivos y esquemas salariales que permitan una remuneración digna en proporción a las responsabilidades de cada cargo. En Colombia existe la idea de que el funcionario público debe ser un mártir y, de hecho, los ingresos que reciben, en muchos casos, no les permite educar de manera adecuada a sus hijos y tener un retiro digno.

4. Reformar la Dian que es uno de los principales nidos de corrupción. Es indispensable crear instancias independientes y técnicas que resuelvan los litigios. Hoy en día, las controversias nacen y mueren en las administraciones locales y no hay autoridades que estén por encima de estos funcionarios y que unifique criterios.

La consulta anticorrupción está condenada al fracaso, no por razones políticas, sino porque no sirve para nada.