El préstamo de US$370 millones que el gobierno colombiano anunció que otorgaría a Avianca, ha sido motivo de agudas controversias, inevitables por lo demás ante la turbulenta historia reciente de la que fuera la aerolínea bandera de nuestro país, en particular por la disputa por su propiedad y por el proceso de insolvencia que adelanta en Estados Unidos.
Utilizando el argot popular la angustia se concreta en “que no se vaya a perder esa platica” y que quienes tomaron la decisión del préstamo no escatimen ningún esfuerzo para establecer condiciones y garantías apropiadas a los accionistas actuales, que no son colombianos ni tienen vínculos con el país diferentes al atractivo de un mercado cautivo de importante tamaño.
Al margen de la polémica, esta operación se presenta en un momento en el que, a nivel mundial, se están discutiendo las ayudas que los países están confiriendo a las aerolíneas, a raíz de la crisis generada por la pandemia y la forma como se habrá de lidiar con el impacto que tendrán esas ayudas en las condiciones de competencia.
Entre ellas, pueden mencionarse los subsidios a la nómina y la suspensión del pago de impuestos sobre sociedades y el valor agregado. Y se justifican. La Iata calculó el posible impacto de la crisis en los ingresos mundiales del sector en hasta US$113.000 millones tan solo en 2020, lo que significa una quinta parte de los ingresos totales del año pasado y cuatro veces más de los que Iata estimó en febrero.
La imperativa necesidad de ayudas gubernamentales para enfrentar la tormenta, unida al hecho de que la recuperación del mercado será lenta, implicará que algunas aerolíneas pasen a ser propiedad estatal lo que podría generar graves distorsiones en las condiciones de competencia u ocasionar problemas de transparencia en el mercado. En ese escenario las aerolíneas que podrán competir de manera más agresiva serán las que reciban las mayores ayudas estatales lo que a su vez llevará a convertir el escenario concurrencial en una guerra de tesoros.
Las aerolíneas que no gocen de esos beneficios no sólo deberán asumir, sin ninguna ayuda, las consecuencias de la pandemia, sino que además deberán competir en desigualdad condiciones con aquellas que los han recibido.
Así que algunas de ellas saldrán del mercado lo que reducirá de manera significativa el número de oferentes.
Desde el punto de vista de la competencia, las bondades o efectos nocivos del crédito a Avianca dependerán de su transparencia, pero sobre todo de que se garantice a los otros competidores, con permiso de operación en Colombia, el acceso en las mimas condiciones a ese tipo de financiamiento. Varias han elevado pedidos de ayudas que formularon desde que comenzó el confinamiento. Les asiste para ello el derecho y la razón.
Su peso en el mercado aporta argumentos en favor de contribuir al rescate de Avianca. Pero la crisis por la pandemia confirma también la conveniencia de reorganizar el sector para hacerlo más competitivo en beneficio de los usuarios que en algunas rutas han venido pagando tarifas exageradas. Y tomar en serio la ruta de una política de cielos abiertos. Se trata de aprender de la experiencia y hacer de la crisis una oportunidad como ocurre aquí y en el resto del mundo con tantas otras actividades y sectores.
Y una pregunta que queda de toda esta compleja situación es si la ley de competencia vigente y los mecanismos con los que cuenta el Gobierno, son suficientes para neutralizar las distorsiones que se derivaran de las ayudas estatales.
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