A Sabas Pretelt se le violó su derecho constitucional a un juicio justo y a un debido proceso, se modificó la norma jurídica para que quien lo investigara fuera el fiscal general, pese a que la única testigo del caso expreso que ningún ofrecimiento le hizo el, se informó en dicho proceso de 120 mentiras comprobadas de la testigo única, existió un prejuzgamiento por parte de la Corte, la corte desconoció que esa testigo única hacia parte de la bancada conservadora, la cual con disciplina decidió apoyar la reelección de Uribe en el acto legislativo que facultaba para ello, lo condenaron nada pasó; la única prueba en este asunto es un video donde se tipifica el delito de concusión, dado que cumplió sus amenazas por que no le soltaron puestos.
Actuaron como conjueces conocidos abogados, William Monroy y Julio Sampedro, quienes de manera abierta han sido detractores y opositores a las políticas de Uribe, el primero funge como abogado de un conocido periodista con negocios cuestionables, el segundo conjuez ha sido contratista del actual gobierno; extrañamente el cliente del conjuez Monroy abiertamente en columnas de opinión en conocido medio, ha llegado a indicar que tiene cerca de 5.000 horas de grabaciones magnetofónicas, nunca se ha sabido su contenido, tampoco la fuente, ni como se obtiene tal material. Pero sí condenan al jefe de la policía secreta por unas supuestas interceptaciones que no existen en proceso alguno.
Hay varios asuntos para mencionar que nos llevan a inferir que efectivamente sí requerimos una reforma constitucional a la justicia, pero no esa que nos pretenden meter a empujones; como uno de tantos ejemplos está el proceso de Bernardo Moreno persona que fue condenada por la Corte por delitos diferentes por los cuales lo acuso la Fiscalía, ahí se rompió el principio tutelar del sistema penal acusatorio, que obliga al juez a que rechace o acepte la acusación, nadie dijo nada. Bernardo no tuvo un juicio justo, se le violo su derecho de defensa y el principio de congruencia, dentro de las acusaciones esta la supuesta filtración de noticias a los medios, cuando para eso existía un secretario de prensa, olvido la corte cómo y en que circunstancias filtro la condena a Andrés Felipe Arias, sin rubor alguno.
Estos son algunos ejemplos de nuestra justicia, para no mencionar muchos otros. Lo poco o nada que se ha hecho en contra de una pandilla de abogados, los cuales con la franquicia de ser promotores de los derechos humanos y víctimas, han accedido a millonarias indemnizaciones de los dineros de todos los colombianos, de victimas inexistentes; esa misma pandilla la cual hizo pagos millonarios para que se le revocara el asilo político del cual gozaba María del Pilar Hurtado en Panamá, todo como una estrategia de revancha política al mejor estilo de una treta mafiosa con simples fines de venganza criminal.
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