En nuestro país aún existen muchos mercados con un bajo nivel de competencia. Es común ver sectores relevantes de la economía dominados por no más de dos o tres jugadores grandes, seguidos por una gran cantidad de pequeños actores que no tienen realmente poder de contestabilidad.
Además, muchos mercados están sometidos a barreras de entrada artificiales que dificultan la llegada de nuevos competidores, lo que contiene la dinámica comercial y reduce los niveles de innovación. Estas barreras artificiales se originan en: (i) regulaciones históricas dictadas por el propio gobierno, diseñadas para proteger el statu quo, que en ocasiones producen mayores afectaciones al interés general que los beneficios que representan al grupo amparado, y (ii) prácticas comerciales consuetudinarias que tácitamente actúan como mecanismos de cierre de los mercados y que generan serias dificultades de ingreso para los nuevos emprendedores.
Es usual ver a los gobernantes y diseñadores de políticas públicas proponiendo cambios normativos para reactivar la economía a través de incentivos que buscan propiciar cambios en el comportamiento comercial de los agentes del mercado, pero casi nunca esas medidas se orientan al remedio más simple y eficaz de todos: estimular la competencia.
A la hora de buscar esa dinamización de ciertos sectores, típicamente los gobiernos proponen medidas proteccionistas como aranceles, prohibiciones o restricciones de importación o comercialización, permisos previos, o incentivos a la oferta de orden tributario o no tributario, como deducciones, exenciones, descuentos o subsidios.
Si bien ese tipo de medidas en muchas ocasiones son válidas, es incorrecto acudir a ellas sin hacer un análisis integral del mercado que permita entender si esas medidas aisladas pueden llegar a tener efectos anticompetitivos colaterales de mediano plazo que lleguen a anular los efectos positivos pretendidos o que, incluso, agraven las fallas del mercado existentes.
Sin duda, el mecanismo más eficaz para aumentar la productividad y la competitividad de la economía consiste en el aumento en los niveles de concurrencia competitiva a los mercados más estratégicos. Inclusive, un programa ambicioso para el aumento de la competencia puede resultar más efectivo en el mediano plazo que una reforma tributaria, y mucho más sano para las empresas, pues ayuda a expandir los mercados sin ahogar la caja de los empresarios.
Es por eso que, a mi manera de ver, las prioridades en esta materia debería centrarse en (i) revisar las regulaciones vigentes que incidan en los principales motores de la economía a la luz de un test de efectos pro competitivos y establecer un plan de derogación, modificación o sustitución de dichas regulaciones por unas más modernas y acordes con la finalidad en mención; (ii) generar una gran iniciativa para el derrumbamiento de barreras de entrada innecesarias o artificiales en diferentes sectores; (iii) crear estímulos directos para propiciar la llegada de nuevos actores a mercados poco competidos (crédito, asesoría técnica, apoyos de capital, otros), y (iv) aprobar un plan nacional para aumentar significativamente la competencia en el mercado de compras públicas, reduciendo al máximo el uso del mecanismo de contratación directa, aumentando el número de licitaciones públicas, y aumentando notablemente el número de participantes en cada licitación. Esto último es realmente urgente pues hoy en día más de 80% de los contratados estatales se adjudican de forma directa y a los pocos que se licitan concurren no más de dos ofertantes, en promedio.
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