Dicha relación de jueces por número de habitantes es incluso más alta que la que se registra en países de alta intensidad litigiosa, como Estados Unidos, donde la relación es de 5,8 jueces frente a la misma proporción de habitantes.
La Fiscalía y los órganos de control son generosos a la hora de abrir investigaciones y ávidos de contar sus hazañas en los medios de comunicación. Sin embargo, el ímpetu del comienzo se va diluyendo entre las páginas de los expedientes. En este país, donde reina la impunidad, un asesino enfrenta una probabilidad de resultar condenado inferior a 2%. En todo el territorio nacional no se producen al año más de 900 sentencias por conductas de corrupción, cifra minúscula si se tiene en cuenta que Transparencia por Colombia (2010) ha establecido que más de 60% de los empresarios colombianos considera que no es posible acceder a un contrato público sin entregar sobornos.
La corrupción de los jueces es creciente y se da en todas las ramas, aún al más alto nivel. Nada se hace para detener este mal corrosivo, puesto que en realidad no hay jueces con la independencia suficiente para juzgar a sus pares.
Como si fuera poco, hace falta también rehacer el sistema de administración de justicia para dotarlo de la capacidad institucional necesaria para poder recuperar el tiempo perdido en tareas indispensables para la consolidación del posconflicto, tales como el recobro de las tierras despojadas por la violencia y la reparación de víctimas.
Es evidente que no hay manera de conseguir las mayorías necesarias para hacer una reforma estructural al sistema judicial a través de los mecanismos ordinarios de reforma, mientras la rama legislativa y la judicial tengan funciones que estimulan el carrusel de favores recíprocos de puestos y contratos.
Los temas de la Asamblea están sobre el tapete para ser discutidos: Es esencial recuperar la Constitución como norma escrita, para restablecer la seguridad jurídica, eliminado el mal llamado Juez creador de derecho, que más bien es un juez creativo que se da la libertad de interpretar a sus anchas la Constitución, como lo hace la Corte Constitucional permanentemente, para ubicarse cómodamente por encima de los demás poderes públicos. Hay que extirpar la política de la justicia y permitir que la Rama se dedique únicamente a hacer justicia. Es determinante que el sistema se someta a un modelo de gestión gerencial y, a su vez, es importante revisar el modelo de formación de los jueces desde la universidad e implementar un régimen riguroso de calificación, rehaciendo la carrera judicial para que la labor de hacer justicia recupere su majestad y los más capaces sean quienes lleguen a las más altas dignidades. La defensa judicial del Estado debe recomponerse para que los abogados que se ganen el honor de defender los intereses públicos, lo hagan luego de superar elevados estándares de calificación.
Hay que recordar, además, que un sistema judicial en buenas condiciones no solo sirve para hacer justicia, sino para apalancar el desarrollo económico y social. Una buena y pronta justicia le da legitimidad a la función pública y es la fuente principal de la seguridad jurídica, imprescindible para atraer la inversión. Por ello, la constituyente solo referida al tema de justicia es el camino: Centrada en un tema fundamental que impacta a toda la sociedad, pero limitada a una agenda cerrada y controlable.
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