El nuevo colonialismo británico offshore

El parlamento británico, a través de la Cámara de los Comunes (House of Commons), acaba de aprobar la enmienda a la ley de sanciones y prevención de lavado de activos (Sanctions and Anti-Money Laundering Bill) propuesta por la parlamentaria laborista Margaret Hodge y el diputado conservador Andrew Mitchel. Tal enmienda consiste en obligar a catorce ex-colonias británicas (dentro de las cuales se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cayman, Gibraltar, Bermuda, Anguilla, Montserrat, Turks y Caicos, entre otras) a crear, antes de 2020, un registro público donde se revele quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades allí constituidas. Paradójicamente, esta medida no cubre a las Islas del Canal (tales como Guersney, Jersey e Isla de Man) en atención a que, por razones históricas, el Parlamento no puede adoptar medidas afectando esos territorios.

Esta medida se adopta como un paso más que da el Gobierno británico en la lucha trasnacional contra el lavado de activos y tiene como antecedente el hecho que gran parte de las compañías reportadas en los Panamá Papers, Paradise Papers y Papeles de Malta, pertenecen a tales jurisdicciones. Dada la inminencia del Brexit y el hecho de que el Gobierno británico debe implementar sus propias medidas de protección nacional, y que se ha detectado por el mismo que múltiples redes criminales rusas utilizan estas compañías para lavar activos en el Reino Unido, este proyecto cobró importancia. Así mismo, dadas las delicadas relaciones diplomáticas entre Rusia y Gran Bretaña seguidas del asesinato del espía Skipal en Salisbury, la introducción de este tema en la agenda legislativa -que había sido archivada en debates previos- volvió a la vida.

Inmediatamente, todas las ex-colonias protestaron, pues muchas de ellas ya son democracias independientes. Así pues, Orlando Smith, primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, indicó que esto constituía un “punto de quiebre” en las relaciones entre los dos países y que podría implicar “la revisión integral de las relaciones diplomáticas con Inglaterra”. Igualmente, Fabian Picardo, ministro jefe de Gibraltar, en carta enviada a los parlamentarios ponentes Hodge y Mitchells, indicó que “mi Gobierno considera que el uso de órdenes unilaterales del Consejo Privado sin nuestro consentimiento equivalen a un inaceptable acto de colonialismo que podría afectar nuestro sistema democrático”. De igual forma, David Burt, primer ministro de Bermuda, indicó que esta orden transgredía los avances hechos por Bermuda, como democracia independiente, durante los últimos 50 años.

Este proyecto de ley se está desarrollando a través de una Orden (Order in Council) del Consejo Privado (Privy Council) de la Reina, órgano constituido para actuar como Alta Corte de Apelación para todas las ex-colonias del otrora Imperio británico y que ahora simplemente atiende algunos asuntos particulares de territorios (Británicos de Ultramar (British Overseas Territories) y de la mancomunidad (Commonwealth).

Si bien el Gobierno británico está en todo su derecho de promover cambios en su legislación anti-lavado de activos, no puede tal país -en uso de un mecanismo político colonialista- ordenar cambios en otras legislaciones sobre las cuales no tiene injerencia directa, pues lo único que generará esto será el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre países unidos por su historia, cultura y tradición.