Aquí, queridos lectores, como puede apreciarse, no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni mucho menos puede presumírsele, pues tampoco existe subordinación alguna que así lo permita.
Lo que si existe, a claras luces, es una sociedad comercial de hecho, en la que un socio capitalista aporta un bien de capital suyo (el taxi con su cupo y demás), y el otro socio, el industrial, aporta su esfuerzo, habilidad y talento personal al volante para consolidar, en favor de ambos, una actividad que les representa congruos, diarios, líquidos y estables ingresos. Con el operador, al que se afilian, sólo media un radio y una tarifa.
Es por ello que resulta superflua y desinformada la consideración del aspirante a la Alcaldía de Bogotá, D.C, Dr. Rafael Pardo, Ex Ministro y Ex Senador de la República, respecto de la necesidad que tiene el Estado de obligar a los dueños de los taxis a afiliar a los conductores a la seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) como si fuesen empleadores. Esto es un error, pues ha estimado el Legislador, -en absoluta lógica-, a través del Artículo 3 de la Ley 797 de 2003 y de otras normas-, que los trabajadores independientes son afiliados de ley al Sistema Nacional de Seguridad Social y que, por lo tanto, son ellos mismos los responsables, obligatoria e individualmente, de efectuar sus cotizaciones mensuales a salud, pensión y riesgos profesionales.
Así pues, es traída de los cabellos la propuesta del Candidato, pues al tenor de las normas y según lo explicado, dicho conductor, -claramente un trabajador independiente, no subordinado, socio de hecho de la pequeña empresa que impulsa junto con el dueño del taxi-, es quien ha de escoger libremente el fondo y la aseguradora y quien ha de estar al día en sus planillas y pagos, los que además provienen de sus ingresos, exclusivamente, y no proporcionalmente por virtud de un vínculo solidario legal con algún tercero.
En idéntica y desinformada manera, otro candidato al cargo, el exalcalde y exconcejal, Dr. Enrique Peñalosa, taca burro al criticar y fustigar de UBER porque “sus carros no han pagado el cupo para competirle a los taxis!”.
Ciertamente, con ocasión de la polémica respecto de la innovadora aplicación, escribí días atrás un análisis titulado “¿Varados sin Uber?” en el que diáfanamente demostré que la aplicación Uber no era ilegal y que, mucho menos, representa hoy una amenaza económica a los taxistas de la ciudad de Bogotá, por estar ella dirigida a un segmento de la población marcadamente singularizado, lo que hace que tanto taxis, como buses y Uber exploten y se sirvan de muy distintos mercados de la Capital.
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