Comencemos por decir que no es cuestión del precio del dólar ni de la inclemente y consecuencial devaluación del peso; No se relaciona tampoco con la caída en picada de los precios internacionales del petróleo. Tampoco puede chantársele al tamaño descomunal del proyecto en su consecución final. El escandaloso sobrecosto que revela la Contraloría General de la República tiene orígenes tan sencillos como delicados, veamos:
La trasnacional Glencore (especialista en extracción y comercialización de carbón pero no en el negocio del refinamiento de gasolina), tuvo por devolver al Estado su posición de control en Reficar (51% de las acciones) en los primeros meses del año 2009, confesando su incapacidad para cumplir con lo prometido para con las metas del proyecto. Esta afanosa operación fue efectuada sin rigor, con pusilanimidad y con poca disciplina jurídica por parte de la junta directiva de Ecopetrol. Me atrevo a decirlo así, sin ambages, pues lo que no se dijo ni se discutió en ese urgente trámite de compraventa de acciones era que Glencore tenía subcontratada gran parte del diseño, planeación y construcción de la futura refinería con Chicago Bridge & Iron (CB&I), empresa con nula experiencia, también, en refinerías, bajo la lesiva modalidad contractual del “gasto - reembolso”. Ecopetrol, a través de sus agentes, responsables mismos de tal operación, se hizo a las acciones sin hacer pública esa particularidad, sabiéndose del complicado futuro financiero que le esperaría al proyecto.
Este tipo de pactos, -propios del sector privado-, suelen transformarse en un barril sin fondo cuando se involucran recursos públicos; Quién controla el gasto cuando se sabe sobre la certeza de su reembolso? Esto, naturalmente, ha despertado en la Contraloría General de la República un preocupado interés de hallar responsables por el inmenso deterioro fiscal denunciado. Si medió voluntad en ello por parte de agentes del estado, directos o investidos, de seguro se hallarán responsables. En efecto, para la época de la recompra de acciones, el estado colombiano, a través de su posición de control en Ecopetrol, debió haber contratado un equipo externo especializado que realiza lo que en el medio conocemos como un due diligence (una evaluación, valoración y auditoría previa y precisa, hecha con “debida diligencia”, por medio de la cual se da cuenta al eventual comprador sobre las cualidades y defectos de la especie a comprar) con el fin de que pudiese evaluar objetivamente la eventual adquisición y tomar por ende una decisión lo más informada posible.
Me pregunto: Se contrató ese due diligence? Se realizó? Cuáles fueron los resultados y recomendaciones de tal disección? Se analizó la relación contractual entre Glencore y CB&I? Menester resulta resolver estos interrogantes, pues dicha re-compra de acciones por parte del estado, cuyo titular era una persona jurídica que ejercía posición de control en Reficar, pero que a su vez se encontraba amarrada contractualmente con una empresa norteamericana en cuyos ritos reposa la costumbre de hacer para inmediatamente cobrar, -sin control previo alguno-, es algo que resulta imposible de soportar ante las autoridades colombianas. Cualquier oficina jurídica advertiría ese grueso defecto, mismo que sólo después de 6 años venimos a identificar y lamentar, dentro de lo que está ad portas de convertirse en el mayor escándalo financiero-energético de la historia republicana y democrática de Colombia
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