La nueva Ley del Plan y la infraestructura

El pasado 5 de mayo se aprobó la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (la “Ley del Plan”). Una vez ésta sea sancionada por el Presidente, empezará a regir el nuevo plan de desarrollo “Todos por un Nuevo País”. Con la Ley del Plan, el Gobierno vuelve a jugarse sus cartas a favor de la infraestructura mediante la creación de contundentes medidas que favorecen la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, etc), de energía, de hidrocarburos y otros proyectos estratégicos nacionales y territoriales.

Una de las varias medidas del Gobierno, es la creación del Sistema Nacional de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (el Sinapine). El Sinapine, además de ser un sistema de registro, es una estrategia de gestión pública que permitirá mayor planeación integral, optimización de procedimientos y trámites y mejor gestión y seguimiento de los proyectos de interés nacional y estratégicos (los Pines).

Los Pines son proyectos de iniciativa pública y privada seleccionados por la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos por su alto impacto en el crecimiento económico y social. Como los Pines son de utilidad pública e interés social, está autorizada la expropiación administrativa (y judicial) de los predios que se requieran para su ejecución. Por otro lado, la Ley del Plan establece que las entidades ejecutoras de un Pine tienen una opción de compra sobre los inmuebles que se requieran para su ejecución, la cual podrá ser ejercida durante los 3 años siguientes a la adjudicación del Pine.

Dichos inmuebles no podrán ser restituidos como parte del plan de restitución de tierras del Gobierno por lo que la Ley del Plan señala que la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas deberá compensar a las víctimas con un predio de condiciones similares que pagará con los recursos de la expropiación de los inmuebles para el PINE. En materia ambiental, dicha ley centralizó en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de manera integral y exclusiva, el trámite de las licencias y permisos que se requieren para los Pines. De hecho, se autorizó a los responsables de proyectos que sean declarados Pines para desistir de trámites en curso e iniciarlos ante la Anla. Podrán ser declarados Pines tanto proyectos nuevos como proyectos existentes que hubieren sido declarados de utilidad pública antes de la Ley del Plan. 

Otra medida es la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), el cual será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional (o por otra entidad que designe el Gobierno Nacional) y tendrá como objeto la inversión en y financiación de proyectos de infraestructura. El Fondes se suma a los jugadores que financiarán el ambicioso programa de infraestructura de transporte que ha venido promoviendo el Gobierno hace 5 años. Con 9 proyectos viales iniciando ejecución, 8 más que serán adjudicados próximamente, 5 de iniciativa privada aprobados y un número importante de proyectos que están en factibilidad, el Fondes nace como un fondo de inversión y deuda del Gobierno dispuesto a tomar riesgo de dichos proyectos. El patrimonio del Fondes provendrá, principalmente, de la venta de participaciones accionarias del Gobierno (como podrían ser los recursos de una eventual venta de Isagen) así como de recursos de deuda de operaciones de crédito público.