El pasado 10 de mayo, la presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, se refirió a la situación de Colombia y sus acuerdos de libre comercio, enfocándose principalmente en la situación que se avecina con la nueva postura del gobierno de Estado Unidos frente a estos Acuerdos.
Este tema, hoy, resulta de la mayor relevancia. Tras escucharla resulta oportuno preguntarse ¿valdría la pena que Colombia intente renegociar sus acuerdos comerciales para explorar mejores condiciones? Ciertamente podría ser prematuro pensar en una renegociación completa del marco jurídico de inversión, pero no por eso, hay que dejar de lado una opción que puede resultar interesante a futuro.
Entre los temas a los que se refirió Lacouture, hay uno en particular que puede resultar de especial interés debido al impacto inusitado que puede tener: la posibilidad de que el presidente Donald Trump siga adelante con su iniciativa de renegociar los tratados comerciales de los que Estados Unidos es parte, al considerarlos “no tan justos”. Esta intención a enviado una ola de cuestionamientos por los círculos de expertos en la materia, que inevitablemente resulto en cuestionamientos tales como los hechos a la exministra en W radio. Pero sin lugar a dudas es un tema que ha te considerarse, pues es de recordar que actualmente estamos ad portas de enfrentar ocho procesos arbitrales por presuntas violaciones a diversos acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
Antes de centrarnos en ese punto, es conveniente ofrecer un breve contexto. En derecho internacional existen varios tipos de acuerdos comerciales que puede celebrar un Estado; los Apri y los TLC son los más conocidos.
Los primeros, son acuerdos especializados y referidos al tema de inversión; mientras que los segundos son instrumentos que pretenden regular todos los temas de interés comercial entre sus Estados parte. Según la pagina oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y solo contabilizados TLCs, actualmente Colombia ha aprobado 15 instrumentos de este tipo . Estos acuerdos están íntimamente ligados al arbitraje de inversión, pues sirven como la principal fuente de jurisdicción a la hora de consolidar tribunales arbitrales de inversión.
Desde que los mismos comenzaron a ser usados para facilitar la inversión, se puede observar que se han adoptado instrumentos con rasgos distintivos. Entre ellos, aquellos que se caracterizan por contener obligaciones que implican grandes concesiones para el inversionista.
Pero, ¿por qué resulta relevante esto? Precisamente, porque los acuerdos de los que actualmente es parte el Estado colombiano suelen identificarse con estas características, pues respondían a una situación en la cual el Estado pretendía atraer inversión extranjera a un país que en ese momento no se mostraba competitivo. Sin embargo, esta situación ha perdido vigencia por cuanto Colombia ha logrado posicionarse ante la comunidad internacional como una nación en crecimiento.
Por lo tanto, es inevitable preguntarse si la lógica que inspiro originalmente estos acuerdos, y que hoy abre la puerta a un importante cumulo de demandas, no resulta anacrónica y en cambio, Colombia debería buscar renegociarlos a fin de obtener términos “más justos”.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
