¿A quién le gusta el róbalo?

Cientos de historias en las que los protagonistas somos (no a título personal) quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a defender los intereses de terceros haciendo uso de la ley, sin ser los héroes. Nuestra reputación no es la mejor.

Duele, mas a todos los que ejercemos nuestra profesión con compromiso, entrega y convencimiento de que lo que hacemos es y será siempre un servicio social, un motor de cambios y revoluciones sociales, el instrumento para mantener el orden y hacer efectiva la justicia. 

El número de abogados inscritos en Colombia es altísimo con relación a su población, de acuerdo con un estudio realizado en el año 2011 por la Corporación Excelencia en la Justicia por cada 100.000 habitantes hay casi 350 abogados. 

El problema no es que seamos muchos, el problema es que no todos tienen las calidades para serlo.

En las últimas semanas se supo que por lo menos 1.000 abogados fueron titulados sin cumplir requisitos para serlo. 

La Universidad La Gran Colombia fue noticia por haber graduado profesionales en Derecho en tiempo récord: cinco semestres. 

Las consecuencias derivadas de esta irregularidad, que no sólo se limita a lo corto del tiempo para formar profesionales sino que trasciende a las irregularidades en el cumplimiento de una Resolución del Ministerio de educación son incalculables. 

Desde la cancelación de las tarjetas profesionales de quienes obtuvieron sus títulos de esta manera, hasta la nulidad de los asuntos en los cuales hubiesen participado.

Otra situación similar se presentó en la Universidad Tecnológica de Chocó, donde al parecer algunas personas pagaron a los funcionarios de esa universidad para obtener sus títulos sin cumplir con los requisitos académicos necesarios, situación que actualmente está investigando la Fiscalía.

Con estos ejemplos, de nuevo vuelve a ser necesario pensar en qué mecanismos reales pueden implementarse en Colombia para evitar que abogados sin las calidades necesarias ejerzan la profesión y que quienes sí cumplen con los requisitos lo hagan con probidad.

Varias iniciativas han estado en curso, ninguna con éxito. Reformas al régimen disciplinario que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura, implementación de controles a través de colegios de abogados, exámenes para obtener el título de abogado, etc., pero el problema sigue, y es más profundo. 

No se trata de establecer controles, ni de limitar el número de abogados desestimulando el estudio del Derecho, ni de establecer controles disciplinarios dignos de una cacería de brujas, se trata de replantear la profesión a través de cambios sociales estructurales: la corrupción no es sólo la que defrauda el erario público.

Estoy segura de que a la mayoría de abogados no nos gusta el róbalo.