El jueves de la semana pasada nuevamente, ya por cuarta vez en el mes, los estudiantes, profesores, ex alumnos y simpatizantes de la educación pública volvieron a las calles. La manifestación fue anunciada, las rutas de los marchantes y las razones de su protesta fueron conocidas y divulgadas. Una manifestación de protesta como la que vimos por la educación pública es, sin lugar a dudas, un ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pacífica en los términos del artículo 37 de la Constitución Nacional: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.
Desde luego que la protesta incomoda. La protesta bloquea pasos y afecta la movilidad. En Bogotá, particularmente, cualquier cosa que altere un poco el flujo vehicular termina siendo un trancón de varios minutos, incluso horas, pero ¿el flujo vehicular es en sí mismo un bien superior que está por encima del derecho fundamental a la protesta pacífica? Tal vez no, definitivamente no, y es justamente esa la razón por la que las manifestaciones son incómodas.
La protesta no es un chantaje para tener una posición de negociación fuerte, no. Las manifestaciones buscan también que usted y yo, que estamos abstraídos en nuestras labores rutinarias y que no nos enteramos (aún en la era de la híperconexión y la sobreinformación) de lo que puede estar pasando en sectores (económicos, industriales, geográficos y hasta políticos) ajenos al nuestro. La protesta busca que el problema sea visible, informar y ser oídos. Acabar con la indiferencia por cuenta del desconocimiento y la ignorancia.
Claro, la protesta debe ser pacífica y por eso siempre serán repudiados los actos de violencia y vandalismo que, por suerte, suelen ser siempre aislados así estén en las primeras planas. Hasta los mismos manifestantes rechazan abiertamente a los vándalos, los sacan de sus filas y los “llaman al orden”. También hemos visto manifestantes tratar de arreglar los estragos de quienes exceden su derecho a protestar y destruyen, grafitean y rompen cosas a su paso. La protesta es incómoda pero no es equiparable al paso de un enjambre de langostas bíblicas.
Como es natural la fuerza pública acompaña a los marchantes, para que el orden público, ya alterado con la marcha, no se salga de control en forma de motín y haya heridos, daños, riñas y demás. La fuerza pública acompaña a los marchantes lista para contener cualquier disturbio por seguridad tanto de los manifestantes como de quienes no están en ella. Esto en el papel suena lógico y natural, pero en la manifestación pareciera que la fuerza pública es el enemigo.
Del cubrimiento de las marchas de noviembre por la educación pública se destaca la actuación desmedida y desproporcionada de la policía, videos de agentes del Esmad tras los manifestantes disparando gases contra la multitud, solo por ser multitud. Vimos videos de marchantes desesperados porque a algunos de sus compañeros, al correr huyendo de los gases lanzados por el Esmad, fueron detenidos y golpeados por la policía y no saben de ellos. Se ve el terror en sus caras, cuando en medio de la marcha pacífica empiezan a ser atacados sin razón.
Callar la protesta por la fuerza es ilegal, más cuando se trata de una manifestación pacífica. También es ilegal obstruir la vía pública cuando no se está en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Pero antes de cuestionar que tan incómoda es la marcha y qué tantos infiltrados buscan deslegitimarla preguntémonos ¿por qué marchan?, ¿qué buscan?, y sobre todo ¿por qué los queremos callar?
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