El avance del proceso de insolvencia de Mercadería S.A.S., Justo & Bueno, fue, sin lugar a duda, una de las noticias más compartida en las últimas semanas.
La apertura del proceso de liquidación de la sociedad, noticia que empezó a circular antes de que la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso estuviera en firme, ha dejado una cierta sensación de miedo colectivo que parece evocar la figura de la quiebra.
En Colombia se ha hecho un trabajo constante para evitar la asociación generalizada de la crisis económica con la popular figura de la “quiebra”, que parece no haberse ido del todo.
¿Qué está pasando con Justo & Bueno y por qué es importante en materia de insolvencia?
Hace dos años la Superintendencia de Sociedades, en un esfuerzo enorme para afrontar la situación de la inevitable crisis empresarial derivada de la desaceleración económica mundial, implementó herramientas de ayuda al deudor con una intervención judicial mínima en comparación con la que hay en proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006.
Estas herramientas han permitido acercamientos entre deudores y acreedores para la negociación de pasivos y la elaboración de estructuras y prácticas que permitan el pago de acreencias adeudadas de manera simultánea con la recuperación de la empresa.
La relación del deudor con sus acreedores, y la confianza de estos en aquél, es fundamental para que cualquier propuesta pueda ejecutarse.
Justo & Bueno, precisamente, planteó un modelo que permitiera la continuidad del negocio con un pago directo a proveedores y arrendadores, ambos indispensables para su desarrollo.
En el año 2021, Justo & Bueno inició un trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización regulado en el artículo 8 del decreto legislativo 560 de 2020 y que terminó tiempo después para dar paso al proceso de reorganización empresarial en el cual se presentó el incumplimiento generalizado de gastos de administración, lo que prendió las alarmas en cuanto a su viabilidad.
En este momento la sociedad está en liquidación judicial, pero todos los efectos propios de este proceso, salvo unos pocos como la designación del liquidador, se encuentran suspendidos.
El liquidador designado cuenta con un mes para presentar un inventario de activos actualizado y un estimado de gastos en la liquidación para que, de evidenciarse que el patrimonio neto de la liquidación es negativo, se proceda con el último mecanismo que permita recuperar la empresa en este momento y que involucra la participación de acreedores con vocación de aportar nuevo capital.
Las normas concursales vigentes son muestra de la finalidad de preservación de la empresa viable propia del régimen concursal, permitiéndole al deudor afectado por la crisis acceder a trámites y mecanismos de salvamento dependiendo de las necesidades y de su operación, incluso cuando se haya ordenado la liquidación de la sociedad, y esto, que se ha evidenciado en la situación de Justo & Bueno, permite que los deudores insolventes que deban liquidarse sean menos y sean aquellos que, realmente, estén en una situación de insolvencia crítica irreversible.
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