"La participación del sector de infraestructura en el PIB ha crecido 60% desde 2006"

ARTÍCULO RELACIONADO

“La infraestructura será clave para reactivar la economía después del covid-19”

En el Consultorio de AL “Perspectivas 2020 para la infraestructura y su financiación”, Sebastián Lora, socio del área de Financiación de Proyectos y Banca y Finanzas de DLA Piper Martínez Beltrán, y Paola Aldana, recientemente nombrada como socia del área de Infraestructura de la misma firma, discutieron sobre el papel que tendrá el sector de infraestructura en la reactivación de la economía nacional.

Sobre la importancia del sector y su papel como motor de reactivación, Paola Aldana anotó que "este sector genera crecimiento, formalización y seguridad, porque genera un impacto positivo en el empleo y otras industrias. Además, mueve otros sectores, por ejemplo en términos de insumos, equipos y materiales para obras civiles, y es un incentivo para el sector de servicios (legales, consultoría, financieros), que están relacionados con la estructuración y ejecución de los proyectos".

Además, este sector "tiene todo que ver con la competitividad del país, y eso se refleja en el tema de políticas públicas. Colombia en los últimos años ha ocupado uno de los primeros lugares en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, el año pasado en el índice de infraestructura obtuvimos el puesto 81 de 140 economías, que no está nada mal, con un puntaje de 64 sobre 100. En el infrascope, Colombia ocupó el segundo lugar en Latinoamérica, solo después de Chile, con 77 puntos, en 2019", dijo Aldana.

La abogada mencionó que el potencial del sector, en cifras, se ve en que "la participación del sector en el PIB ha crecido 60% desde 2006, pasando de 1,3% y llegando al 2,1% del producto total en 2019, y hay 29 proyectos 4G andando, que representan miles de empleos que se generan". Además, anotó que el comportamiento del sector en el primer trimestre de este año fue positivo, lo que muestra que mantiene el ritmo a pesar de la pandemia.

Como ejemplo de otros momentos de la historia en que la infraestructura ayudó a la reactivación de la economía, Aldana recordó los cuatros programas de concesiones, el proyecto de autopistas 2014-2016 y los planes de expansión portuaria, todos en los últimos 30 años. "Las tres primeras generaciones de concesiones representaron 3.600 km de vías construidas y la 4G tienen un equivalente a 4.900 km de vías construidas en el país, más 16 aeropuertos, 86 puertos y dos concesiones férreas", dijo.

Sobre los cambios normativos que se han presentado en los últimos meses a raíz de la emergencia sanitaria, Aldana resaltó que se han producido "decretos con fuerza de ley, resoluciones, circulares, conceptos de entidades de contratación pública, todos instrumentos jurídicos para relacionarse con los distintos momentos de la pandemia, porque hemos pasado desde las emdidas más fuertes a la etapa de apertura.

Agregó que "en un primer momento se sacó una norma muy relevante asociada a la suspensión del cobro de peajes en la malla vial nacional, lo que tiene efectos en la liquidez de los proyectos, los flujos de caja y el impacto en la financiación de las obras, lo que lleva a la revisión de contratos y una dificultad en la gestión por parte de los concesionarios.

Además, "estuvo la carga de tener el tráfico aéreo paralizado, en un contexto en que la infraestructura aeroportuaria está en concesiones en muchos casos, y los titulares de los contratos han tenido que seguir pagando su contraprestación sin los supuestos de operación y tráfico usuales. Igual, en el tema de puertos también se han visto impactos", anotó.

Adicionalmente, "a nivel normativo, ahora estamos en la fase de reactivación bajo unos nuevos parámetros del marco normativo, por lo que la reapertura de la ejecución de obras está condicionada a la implementación de protocolos de bioseguridad, con sus implicaciones. Esto redunda en que sea difícil mantener las ejecuciones optimas y los frentes de obra, y eso tiene una fuente regulatoria en la emergencia económica y sanitaria".

"Esta es una nueva realidad que tiene una reacción en el ordenamiento jurídico, que implica replantear los esquemas de trabajo en obras civiles, y los costos asociados a las obras", concluyó.

Sobre los nuevos retos del sector, Aldana explicó que "es necesario revisar cómo funcionar de forma más eficiente en este contexto, y habrá retos asociados a la estructuración de proyectos. Las proyecciones de demanda suelen hacerse sobre información histórica, porque esta coyuntura presenta datos distorsionados, y habrá que ver alternativas y metodologías innovadoras para el análisis de los proyectos".

Además, anotó que habrá retos "en la consecución de financiación de proyectos, donde todavía no están suficientemente claros los impactos".

Sobre los proyectos 5G, la abogada explicó que "según lo dicho por el Gobierno, las inversiones que se esperan realizar en estos proyectos de infraestructura serían cercanas a US$5.300 millones, que equivalen aproximadamente a 1,6% del PIB. El programa contempla una serie de proyectos viales y de infraestructura de aeropuertos, y es un programa de concesiones en el que la ANI venía trabajando con anterioridad a la pandemia".

"Hay novedades respecto al programa de 4G, lo que evidencia un paso hacia adelante en el tema de infraestructura de transporte y, como todos los programas tendrá sus propios retos, pero que la idea es tomar las lecciones que dejó la 4G, superar los cuellos de botella y trazar un camino para que los proyectos tengan una continuidad mejor, más fácil financiación y ejecución", apuntó la abogada.

Entre las novedades de este proyecto están, por ejemplo, "en el tema financiero, porque brinda una garantía anual denominada soporte por ingresos, que reemplaza la figura de diferencia de recaudo de las 4G. Este soporte es una valoración anual durante la etapa de valoración y mantenimiento, que cubre las diferencias entre los ingresos proyectados y los efectivamente causados", explicó.

"Otro ajuste viene de la búsqueda de un contrato más sostenible, que mira todas las problemáticas ambientales, sociales, económicas y de fortalecimiento institucional, que es una visión más holística del proyecto", agregó.

Otra novedad de los proyectos 5G está en el entendimiento del tema predial, pues "los procesos de enajenación de inmuebles y los determinantes de titulación de predios sobre la valoración tienen un cambio, y ahora la retribución no se detendrá, sino que habrá un proceso en el que se mejoran las condiciones de adquisición predial y se aplique, si no se logra esa adquisición, una deducción incremental que se llama deducción del índice de cumplimiento predial", explicó Aldana.

También el contrato de 5G busca un mecanismo de gestión contractual más adecuado, en el que se plantea que existan herramientas de coordinación y seguimiento de cada proyecto con las entidades contratantes y la interventoría, y hay cambios en la fórmula de liquidación del contrato.

"Es importante que los proyectos 5G solo se ha abierto uno, en este momento el programa está construido pero solo un proyecto se encuentra en licitación en este momento, que es el proyecto Accesos Cali-Palmira", anotó. "Ese proyecto es muy ambicioso, corresponde a 306 km de vía divididos en cinco unidades funcionales, no es tan obra, pero sí en su impacto, porque toca 11 municipios de Cauca y el Valle, y busca mejorar su conectividad con el resto del país. El valor estimado de ese contrato es de $3 billones, dentro de los cuales $1,2 billones pertenecen a Capex y $1,8 billones a Opex, que son los costos de operación", agregó.

Sobre la bancabilidad de los proyectos 5G, Sebastián Lora explicó que "el formato que publicó la ANI se basa en el contrato de los proyectos 4G pero incluye nuevos aspectos a tener en cuenta en el análisis de bancabilidad para la financiación de estos proyectos".

Sobre esos nuevos aspectos destacó que "frente al valor presente de los ingresos por peajes esperados, asociados al plazo de los contratos, en los contratos 4G se fijaba un plazo mínimo de 25 años, que podía extenderse a un plazo máximo de 29 años en caso de que no se alcanzara el recaudo en ese plazo, pero la concesión no terminaba anticipadamente si alcanzaba el recaudo antes del final del plazo mínimo. Ahora, en el formato de contrato 5G, se prevé un plazo máximo de 29 años, pero el plazo de la etapa de OIM es variable, ya que no está sujeto a extensiones y termina automáticamente cuando se alcanza el monto esperado. Eso traslada en su totalidad el riesgo de alcanzar el recaudo exclusivamente al concesionario, y esto puede tener impactos negativos en la liquidez y flujo de caja de los proyectos, por tanto los financiadores deberán considerar este nuevo aspecto".

Un segundo aspecto a resaltar, dijo Lora, tiene que ver con el mecanismo de soporte de ingresos. "En los 4G existía la diferencia de recaudo, que permitía que los concesionarios recibieran pagos adicionales de la ANI en ciertos años en la etapa de operación y mantenimiento para compensar diferencias entre los ingresos esperados y recaudados. El nuevo contrato de 5G fija el mecanismo que consiste en calcular anualmente esa diferencia, y la ANI hace los pagos adicionales, denominados soportes de ingreso, para cada año en que haya diferencia. El mecanismo proporciona una garantía anual a los concesionarios, que puede reducir la necesidad de contar con instrumentos de liquidez para compensar, y eso reduce los costos de financiación de cada proyecto".

Además, el abogado señaló que "es importante mencionar que el concesionario, bajo el nuevo formato, conserva el derecho a ser compensado en el riesgo de la instalación de peajes en la medida que el riesgo no sea imputable al concesionario, y se adicionan ciertos eventos importantes para la bancabilidad del proyecto, como la imposibilidad del recaudo del peaje".

"También hay que tener en cuenta las fórmulas de la liquidación del contrato, pues el pago por terminación varía dependiendo de la etapa en la que ocurra la terminación anticipada del mismo. La diferencia con los proyectos 4G es un nuevo componente en la fórmula de liquidación, que es el delta, que es el menor valor entre la variable AR, que es la tradicional y se refiere a las inversiones del concesionario asociadas a la ejecución, y la nueva variable f, que depende de la etapa en que se encuentra en el momento de terminación anticipada", explicó.

Sobre las inversiones, "se incluyeron nuevos aspectos para tener en cuenta sobre lo que se debe y no se debe reconocer como inversión, y las inversiones de acuerdo con el nuevo contrato 5G serán aquellas que hayan sido ejecutadas para contribuir a satisfacer el interés publico, que hayan sido ejecutadas a precio de mercado, que están asociadas al objetivo del contrato y que el bien o servicio haya sido debidamente prestado", agregó.

Otro aspecto importante es el tema de los eventos eximentes de responsabilidad, pues "los contratos 4G establecían que cualquiera de las partes podía terminar anticipadamente el contrato en caso de un evento eximiente de responsabilidad. En el nuevo contrato se establece que las partes deben acordar mutuamente la terminación anticipada del contrato o contar con la aprobación de un amigable componedor para hacerlo", dijo Lora.

Además, sobre el cierre financiero del contrato, "el nuevo contrato establece que se mantienen las condiciones de 4G para alcanzar el cierre financiero, pero la certificación se sustituye por un compromiso en firme por parte de los prestamistas. Esto es mucho más ajustado, y agregarán presión al cierre de financiaciones en el tiempo específico acordado en el programa 5G, que es bastante corto, al dar solo nueve meses".

Finalmente, Lora resaltó que "en los proyectos 5G el acta de terminación de contrato se puede suscribir si se cumplen las especificaciones técnicas y los indicadores del contrato, y la novedad es que la ANI tiene derecho a retener la parte de la retribución respectiva a la unidad funcional de los elementos que están pendientes de esa unidad funcional hasta tanto no se completen, y una vez se completan todo lo retenido se desembolsa en ese momento al concesionario. Esto puede afectar el flujo de caja del concesionario, y los financiadores deberán tenerlo en cuenta en los análisis de bancabilidad".