"El lobby en sí mismo es legítimo, pero necesitamos una regulación precisa y transparente"

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La Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance tiene como propósito agremiar personas con conocimientos en esos temas, y busca ser un centro de pensamiento que incida en la construcción de regulación. Carlos Fernando Guerrero, recientemente nombrado como su presidente, habló sobre la importancia de los programas de ética y transparencia empresarial, e hizo un llamado a regular la actividad del lobby.

La SuperSociedades emitió una circular de los programas de transparencia y ética empresarial ¿qué son y quiénes deben implementarlos?

Estos programas buscan que las empresas diagnostiquen riesgos de corrupción y establezcan mecanismos eficientes para evitar que empleados y directivos se vean involucrados en situaciones de corrupción. No todas las empresas están obligadas a tenerlos, solamente las que cumplan con los requisitos en la regulación: que tengan negocios o hagan transacciones internacionales por cierto monto, y que sus activos o ingresos superen los topes definidos. En la última modificación que se hizo se amplió a empresas que, sin tener transacciones internacionales, tienen relaciones con la contratación del Estado.

Cada vez se ponen más bajos los requisitos para tener ese programa, y en unos años va a ser casi excepcional que una persona jurídica no esté obligada a tener un programa de cumplimiento en materia de ética empresarial.

¿Cuáles son los riesgos más grandes a los que se exponen las empresas?

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Todas las compañías tienen riesgo de ser partícipes de hechos de corrupción, víctimas de corrupción, o utilizadas como instrumentos para cometer corrupción. Algunos sectores son más sensibles que otros, y por eso la regulación se dirige más a ellos, pero cualquier empresa, tiene esos riesgos. El más serio es cuando el objeto social de la empresa se cumple con hechos de corrupción.

¿Deberían las empresas implementar estos programas así no estén obligadas?

Es importante por dos vías, más allá de cumplir una norma. En primer lugar, porque todas las personas tienen un deber de participar en la construcción de una sociedad mejor, y hay que abandonar el paradigma de que era al Estado al que le correspondía hacer cosas por la sociedad y a las empresas trabajar por lo propio. Eso viene cambiando, el rol de las empresas en la lucha contra la corrupción es esencial. En segundo lugar, cada vez más es un requisito de muchos contratantes, del Estado o privados grandes, exigir a quienes quieren contratar con ellos tener ese tipo de programas como condición para considerar sus ofertas, y tarde o temprano quien no los tenga va a quedar por fuera del mercado al que apunta.

Una zona gris en estos temas es el lobby ¿debe regularse?

El lobby en sí mismo es completamente legítimo, lo ilegítimo está en cómo se hace. Necesitamos una regulación precisa y transparente sobre el cabildeo, donde los ciudadanos podamos conocer quién lo hace, cómo, para quién y, lo más importante, las relaciones de los lobbistas con las empresas para las que trabajan y las relaciones que se establecen entre esas empresas y quienes son destinatarios finales de ese lobby.

Mientas no haya plena visibilidad de eso siempre vamos a tener esa concepción negativa del lobby, que existe en todas las sociedades democráticas porque hace parte de la construcción de la sociedad que las personas se puedan acercar a los formuladores de regulación. Lo que está mal es que no se sepa cómo se hace.