Llega al mercado Liminal, nueva firma boutique especializada en derecho tributario

Después de pasar tres años en el sector público, como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Pablo Mendoza volvió al sector privado para lanzar Liminal, una nueva firma boutique enfocada en derecho tributario y gestión patrimonial. En entrevista con Asuntos Legales, el abogado explicó que a pesar de las normalizaciones sigue habiendo muchos activos en el exterior por declarar, y señaló que ese mecanismo es cada vez menos eficiente por la frecuencia con la que se ha implementado.

¿Qué es Liminal, cómo nace y en qué áreas de práctica se especializa?

Hasta hace seis meses fui parte del Gobierno, mi último cargo fue subdirector de normativa y doctrina en la Dian, estuve tres años en la entidad y fue muy interesante con todos los cambios tributarios que hemos tenido, nos tocó pasar tres reformas tributarias. Fue un cargo interesante porque en pandemia, con todos los decretos legislativos que se expidieron con urgencia, quedaron muchos vacíos, y mi área era la encargada de sacar la doctrina. Fue muy interesante, pero después de tres años decidí volver al sector privado y creé esta firma que se llama Liminal, que está enfocada en temas tributarios y de gestión patrimonial, que es un tema eminente tributario.

Es una firma emprendedora, con esa mentalidad, y busca ayudar a los emprendedores, pero trabajamos todos los temas tributarios: tenemos fondos de inversión, temas corporativos, personas, litigios, normalización, entre otros.

¿Cuál es la proyección de la firma?

Estamos en etapa de contratación, al ser una firma de emprendedores estamos buscando gente que quiera apostar por una firma nueva con grandes oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Nuestra expectativa es cerrar con 10 empleados en 2022, manteniéndonos como firma boutique de tributario. La firma se llama Liminal que es un concepto que viene del latín, Limen, que significa espacio de transformación, y esa es la filosofía que le estamos imprimiendo a la firma, un espacio en el que se puedan transformar para lograr su máximo potencial desde la perspectiva tributaria.

Uno de los temas que más genera confusión es el intercambio de información y la doble tributación ¿cuál es la diferencia?

Por regla general, aunque la Ocde ha tratado de cambiar eso, los acuerdos para evitar la doble imposición buscan evitar que las rentas sean gravadas en ambos países, y son acuerdos bilaterales.

Los acuerdos de intercambio de información son distintos. Actualmente, Colombia tiene intercambio con 135 países, bajo dos grandes acuerdos: Fatca, con Estados Unidos, y Common Reporting Standard, que es promovido con la Ocde. El intercambio es para transmitir información y que las autoridades tributarias sepan qué activos financieros tienen sus ciudadanos en otros países, mientras los de doble imposición son para evitar justamente eso.

Si tenemos acuerdo de intercambio de información con 135 países, ¿es cada día más difícil evadir impuestos?

Indudablemente. Cada vez se cierra más el espacio para evadir, cada vez hay mayor colaboración entre los países, incluyendo unos tan importante para Colombia como Estados Unidos, Panamá, España y Suiza, donde los colombianos tienen una presencia financiera grande. Adicionalmente, en el tema de normalización de activos, pude ver de primera mano cómo la Dian manda cada vez más cartas informando su conocimiento de los activos en el exterior. Y se han ido incorporando normas disuasivas, como los delitos tributarios por omisión de activos, pero todavía hay muchos activos en el exterior sin declarar y gente que no se ha puesto al día, y eso se debe, y lo dice la Ocde, a que los programas de normalización son muy buenos, pero cuando son excepcionales, si son muy seguidos la gente siempre cree que habrá otra oportunidad, y es lo que ha pasado. Desde 2015 todos los años ha habido normalizaciones.

¿Cuál ha sido entonces el impacto de las normalizaciones?

Se han normalizado cerca de 27.000 personas, el año en el que más personas lo hicieron fue 2017, porque la primera fue por tres años, entonces esa era el plazo límite. Sin embargo, en la que más se recaudó fue la de 2018, que se recaudaron $1,2 billones, porque se aprendió de errores del pasado en temas como los trust, fundaciones de interés privado, sociedades en paraísos fiscales. Todo eso se precisó mucho en 2018 y se ha venido replicando, pero desde ese pico ha venido disminuyendo, en 2020 fueron $600.000 millones y ahora, con la que está, debe ir poco.

Entonces, cada vez el impacto de las normalizaciones va a ser menor, porque ha habido muchas. En todos los países que han hecho normalizaciones, si hacen muchas, la gente prefiere correr el riesgo de no reportar sus activos porque sabe que puede venir una oportunidad posterior en la que pueden regularizar su situación si son detectados, entonces no baja porque ya la gente esté al día, sino porque creen que tendrán más oportunidades para hacerlo.

¿Han tenido impacto los delitos fiscales? ¿Alguien ha ido a la cárcel por evadir impuestos?

Es un tema que va a tener impacto, pero actualmente, en la práctica, todavía no. Va a tener impacto, primero, porque el intercambio de información es cada vez mayor, y si no hay más normalizaciones la gente se enfrenta a un riesgo real. Segundo, porque en la Dian y la Fiscalía se crearon dependencias especiales para el tema de delitos tributarios. Ahora, el delito da cárcel de hasta 108 meses, pero si la gente paga se extingue la acción penal.

Mencionó también los trust, y una discusión amplia con la Dian es quién debe declararlos...

Uno de los puntos especiales de las normalizaciones de este Gobierno es que ha precisado mucho el tema de los trust, y establece las reglas de quién declara, dependiendo de las condiciones. La regla básica es que si el beneficiario está condicionado declara el constituyente de la estructura, si no están condicionados declaran los beneficiarios. En la norma se establecen todos los supuestos, y la normalización actual incluso dice cómo se liquida el impuesto si el settler falleció y hay una sucesión.

Cada caso particular hay que revisarlo, pero uno de los avances de esta normalización es que reglamenta bien quién tiene que reportar los activos de esas estructuras, y se trató de hacer con un principio básico de tributación, que es la norma de aprovechamiento económico, que lo que dice es que quien tiene que incluir los activos en sus declaraciones es quien los aprovecha, independientemente de quién aparezca ahí.

Esas estructuras cumplen un rol, y tenerlas puede ser muy útil, pero en el rol de tributarista uno debe siempre debe recomendarle al cliente la mejor manera de resolver sus problemas, y más allá de las consideraciones puntuales de cada caso, esta oportunidad de normalización es muy útil para ponerse al día.

¿Será necesaria una nueva reforma tributaria?

El presidente que llegue va a tener que hacer una reforma. Hay gente que dice que no hay ambiente político, pero nunca hay ambiente político para una tributaria, e igual hay que hacerla. Incluso la comisión de expertos internacionales dijo que el sistema tributario de Colombia es el de un país de bajos ingresos, distorsionado, y tendrá que haber una reforma, sobre todo con todos los programas que se implementaron para atender la pandemia. La última reforma tributaria que se aprobó es buena en temas de recaudo, pero tiene cuestionamientos en los temas estructurales que hay que resolver, como la alta tributación de las empresas.