18 años de sanción para el ex presidente de Saludcoop

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente por el termino de 18 años al expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, al encontrarlo responsable en unos recobros efectuados por parte de la empresa prestadora de salud al Fosyga sin que se llevarán a cabo los trámites y procedimientos establecidos por la ley.

Para el procurador delegado Fernando Brito, Palacino obtuvo ingresos que no le correspondían, al solicitar dichos recobros sin cancelar previamente la factura para  efectuarlos.

Palacino no podrá contratar con el Estado por el termino de 18 años, además deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes (más de $50 millones).

Este proceso incluye a la vicepresidenta administrativa, Carolina Lamus y el ex vicepresidente financiero, Andrés Mauricio Sabogal Jaramillo, por supuestamente desatender las instrucciones que debían observar en la formulación de recobros.

Según el material probatorio, recolectado por el Ministerio Público, los acusados, al parecer, incurrieron en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud, no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte del pago cheques girados, los cuales, según la auditoría forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.

La Procuraduría, igualmente emitió sanción disciplinaria en contra de los miembros del comité administrativo de Saludcoop con una multa de $25 millones e inhabilidad para ejercer empleo y función pública por 10 años.

El Ministerio Público compulsó copias de este fallo a la Fiscalía General, Contraloría General y la Superintendencia de Salud para investiguen los hechos relacionados que son de su competencias.

Pero la pregunta que surge tras esta decisión de la Procuraduría es ¿la salud es un negocio o un derecho?. Esta fue una de las indagaciones  que reconocidos expertos en el sector de la salud en Colombia respondieron durante el Foro: El futuro de la salud en Colombia organizado por la Procuraduría General de la Nación, el Iemp, la Federación Nacional de Departamentos y la Esap.

Los primeros conferencistas coincidieron en que el modelo actual de salud se puede calificar como negocio porque maneja un derecho fundamental como un servicio donde prima el lucro.

Andrés Aguirre Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales, resaltó  que en este sistema han florecido enfermedades que ya se habían radicado anteriormente. Su propuesta es contar con la vigilancia no solo de la Contraloría y Procuraduría, sino también de los usuarios, para que se apoderen de la situación y exijan cumplimiento. Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, propone una regresión al derecho de la salud sobre la rentabilidad a través de la asignación de la salud a un ente territorial.