ABC del decreto expedido por el Gobierno para excarcelar presos por crisis del Covid-19

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En la actualidad, hay 132 centros penitenciarios que a pesar de tener una capacidad para 80.928 presos tienen tras las rejas a 120.629, lo que genera un índice de hacinamiento de 49,1%. Esta fue una de las razones por las que diferentes agrupaciones le solicitaron al Gobierno que se acelerara el proceso del Decreto 546 de 2020, que finalmente fue publicado el martes en la noche. A través de este, se permitirá la prisión domiciliaria y la detención transitoria en el lugar de residencia, en principio, a cerca de 4.000 presos en situación de mayor vulnerabilidad de contagio por Covid-19.

Para empezar, el Decreto estableció que se concederán las medidas previstas a las personas privadas de la libertad que sean mayores de 60 años; a las madres gestantes o con hijos menores de tres años, o a quienes padezcan algún tipo de enfermedad como: cáncer, VIH, insuficiencia renal o crónica, diabetes, entre otros. También, a las personas con movilidad reducida por discapacidad acreditada, a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión, a aquellos que estén condenados o con medida de aseguramiento por delitos culposos y a los que hayan cumplido 40% de la pena privativa de la libertad.

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No obstante, para Indira Velásquez, coordinadora de Acción Social del Instituto Seres de la Universidad del Rosario, el Decreto es solo un “paño de agua tibia” ya que considera que la situación carcelaria es mucho más profunda y tiene otro tipo de problemáticas que no se van a solucionar con las medidas tomadas sino con otras más estrictas.

“El Inpec no tiene la capacidad suficiente para detectar prontamente esas 4.000 personas. También se tiene que pensar cómo irían a sus hogares, ya que habría un alto riesgo de evasión de la condena y de prófugos”, explicó Velásquez.

Por ahora, los presos que obtengan la prisión domiciliaria debido al Covid-19 solo tendrán esta medida por un periodo de seis meses. Luego de transcurrido ese tiempo, la persona deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba.

Algunos expertos consideran que se podría llegar a vulnerar los derechos de las personas que tienen que volver a prisión. Sin embargo, para Alejandro Mejía, socio del área de derecho penal corporativo de Cáez Muñoz Mejía Abogados, eso no es así ya que “no puede generarle una expectativa de libertad indefinida o beneficiamiento indefinido sino que está claramente delimitado el término excepcional de la medida por estos seis meses que eventualmente pueden ser prorrogados, pero no deberían ser superiores a ese término”.

También se presentaron las excepciones a la medida en casos de personas que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, las condenadas o investigadas por delitos en contra de menores o quienes hayan incurrido en delitos contra la administración pública. Tampoco podrán beneficiarse las personas que se hayan acogido a algún régimen de justicia transicional, como la Ley de Justicia y Paz o la JEP, entre otros.

En cuanto al proceso de cómo se va a llevar a cabo la excarcelación de los diferentes presos, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó que para ello se reunirán el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y el Inpec junto a los directores de las cárceles regionales para determinar cuántos presos saldrían en cada una de las regiones. Se espera que de aquí a diez días se puedas hacer efectivas las primeras excarcelaciones.

Hasta el momento, se han detectado 15 contagios en la cárcel de Villavicencio. Cabello aseguró que este es un primer decreto y que se están adelantando medidas como la entrega de insumos requeridos, entre otros.