Abogado suspendido por dilatar proceso de corrupción en Chocó y obstruir la justicia

En las últimas horas se conoció el caso de un abogado que fue suspendido por dilatar un proceso de corrupción en el departamento del Choco. Es así como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le impidió, de ahora en adelante, el ejercicio profesional debido a su actuación.

De acuerdo con la entidad encargada de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial, el hombre, en su rol de defensor de una exfuncionaria procesada por actos de corrupción en Chocó, empleó tácticas de mala fe para retrasar el proceso y obstruir la justicia.

El caso involucra a Blanca Elvira Cortés, exgerente liquidadora del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, quien en marzo de 2019 fue objeto de medida de aseguramiento dictada por el Juzgado Primero Penal Ambulante. Cortés, en su momento, fue señalada como presunta responsable de peculado por apropiación en favor de terceros, además de celebración indebida de contratos.

De acuerdo con la Fiscalía General, la exfuncionaria adjudicó un contrato de $1.300 millones para organizar y digitalizar documentos del hospital, sin cotizaciones previas y con pagos realizados pese a la inacabada ejecución del contrato. Asimismo, en enero de 2023, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, emitió un fallo de responsabilidad fiscal en su contra, exigiendo el pago de $22.541 millones debido a irregularidades en la administración del centro médico.

El abogado de Cortés enfrentó acusaciones de haber incurrido en tácticas dilatorias, incluyendo la inasistencia injustificada a una audiencia en agosto de 2020. Según la Procuraduría, el jurista argumentó tener un compromiso simultáneo en otro proceso, lo cual resultó ser falso tras la revisión de pruebas que mostraron que dicha diligencia había ocurrido el día anterior.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó sancionó al abogado en febrero de 2022, citando su falta de ética profesional y conducta de mala fe, en incumplimiento de la Ley 1123 de 2007. Tras apelar, la entidad confirmó la sanción, concluyendo que el abogado ignoró el impacto social de sus actos en ese departamento tan azotado.