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Judicial

Aclaración sobre principio de oportunidad en caso de corrupción de centros poblados

La audiencia del empresario Juan Carlos Cáceres se llevó a cabo ante el Juzgado 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías

12 de agosto de 2024

Laura Cuevas Sánchez


Juan Carlos Cáceres Bayona
Colprensa
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Durante la audiencia del empresario Juan Carlos Cáceres Bayona, uno de los principales implicados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, los abogados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron al juez 76 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que la Fiscalía General de la Nación aclare el alcance del principio de oportunidad otorgado a Cáceres.

La Agencia, que representa al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como víctima en este caso, argumenta que el principio de oportunidad concedido a Cáceres Bayona podría causar confusión.

Este principio le concede beneficios a Cáceres a cambio del pago de $12.062 millones y de su colaboración como testigo contra los otros tres implicados, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro.

No obstante, la Agencia ha señalado que Luis Fernando Duque ya ha sido condenado a 52 meses de prisión por falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación.

Esto implica que Cáceres Bayona ya no podrá cumplir con su papel de testigo en contra de Duque, lo que plantea dudas sobre el valor del acuerdo.

Además, el principio de oportunidad estipula que Cáceres debe reintegrar $5.760 millones entre noviembre de 2025 y diciembre de 2027.

La Agencia ha expresado su preocupación debido a que el proceso estará suspendido hasta agosto de 2025, y no está claro qué ocurrirá si Cáceres cumple con su obligación de declarar pero no devuelve la totalidad del dinero para entonces.

El juez, atendiendo a estas inquietudes, decidió devolver el principio de oportunidad a la Fiscalía para que lo revise y ajuste según las observaciones planteadas.

Juan Carlos Cáceres Bayona, quien era propietario de la empresa Nuovo Security LLC, y Emilio Tapia estaban al frente de la Unión Temporal Centros Poblados, que incluye a las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS, según la Fiscalía.

El caso sigue en desarrollo mientras se aclaran estos aspectos y se ajustan los términos del principio de oportunidad.

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