Alcaldes y gobernadores son investigados por irregularidad en contratación

ARTÍCULO RELACIONADO

La Contraloría y Procuraduría vigilarán regalías para financiar proyectos del Covid-19

El procurador Fernando Carrillo anunció que durante las últimas semanas se ha registrado una “avalancha de corrupción” en el país, y algunos de los casos más sonados son aquellos en los cuales están implicados funcionarios públicos.

Uno de los casos más polémicos es el de la suspensión preventiva contra el gobernador del departamento de Chocó, Ariel Palacios, por supuestas irregularidades y la reiteración de las mismas en algunos de los contratos celebrados durante el estado de emergencia.

Adicionalmente, se le ordenó a Palacios que suspendiera el contrato 198 de 2020 firmado con la Fundación Chocó Saludable, el cual está avaluado en $2.000 millones.

Este contrato estaba encaminado a adelantar actividades de limpieza, ciclos educativos, sexualidad y prevención de enfermedades respiratorias y agudas. Sin embargo, la Procuraduría determinó que dichas actividades no eran relevantes para paliar el avance de la pandemia.

Así mismo, el Ministerio Público citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos por más de $325 millones.

En este caso se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo de la atención de adultos mayores vulnerable en la modalidad centro vida.

Otro falta disciplinaria que ha dado mucho de que hablar es la del gobernador de Arauca, José Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones.

También llamaron a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos por $560 millones, para el suministro de mercados y elementos de aseo.