Balance agridulce sobre el desplazamiento en Colombia

La Corte Constitucional realizó seguimiento a las políticas públicas sobre desplazamiento forzado en Colombia. El balance al final de la jornada dejó un sabor agridulce. Aunque se han desarrollado políticas públicas para combatir el fenómeno, aún existen múltiples focos de violencia que han fomentado el desarrollo de esta crisis humanitaria, la cual deja más de siete millones de víctimas. Durante la jornada participaron varios miembros del Gobierno y los directores de los entes de control.

Hace 14 años, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-025 de 2004. Esta providencia representó un hito jurisprudencial para reconocer el papel de las víctimas en el conflicto armado colombiano. Gracias a esto, se estableció el estado de cosas inconstitucional y le dio al Estado colombiano la obligación de atender la crisis.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijo que su entidad “ha coordinado siete reuniones, para garantizar plan de acción que permita abordar los subtemas del estado de cosas inconstitucional”. Ramírez afirmó que el 10 de diciembre presentarán un programa para mejorar la atención humanitaria en varios territorios.

El procurador, Fernando Carrillo, cuestionó al Gobierno. Dijo que “a los ministerios les ha faltado ejecución para atender a la población vulnerable”, también afirmó que “este problema ha desbordado la capacidad institucional del país” y aclaró que el principal problema es la desarticulación institucional.

Líderes sociales y representantes de comunidades dijeron que el fenómeno del desplazamiento sigue presente en los territorios. Elizabeth Moreno, representante de comunidades indígenas, pidió a la Corte no levantar el estado de cosas inconstitucional y dijo que “el Gobierno ha realizado acciones poco contundentes”.

La conclusión de la jornada es que aún falta mucho superar esta crisis humanitaria que manchó la historia nacional.