Cámara de Representantes aprueba artículo que sancionaría a la prensa por investigaciones

La Cámara de Representantes rechazó la proposición que buscaba eliminar el artículo 68 de proyecto anticorrupción. El articulado le permitiría a los servidores o exservidores públicos ir en contra de la organización que, según el criterio de cada uno de estos, cometa injuria y calumnia en contra de su persona.

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"El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13,33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”, se lee en la normativa.

Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció de manera tajante solicitando el rechazo a esta proposición que, aprobada mayoritariamente por la bancada de gobierno, violaría la libertad de la prensa en el país, limitando su campo de acción.

"Este artículo viola las garantías básicas de la libertad de expresión al pretender impartir medidas penales desproporcionadas. Este artículo promueve el uso de la vía penal como sanción a la libertad de expresión, contrario a los estándares interamericanos y constitucionales de protección a la libertad de prensa", dijo en su momento dicha organización.

Dicho numeral, desconocería que las denuncias penales deben ser la última medida para limitar la labor de los y las periodistas, y que existen otras vías reconocidas en el ordenamiento, como la rectificación. "No todo ataque a la moral o crítica constituye una injuria o una calumnia, la Constitución también protege expresiones que puedan parecer ofensivas o chocantes para los funcionarios públicos", sentenció.