CNE no tomó decisión sobre el caso relacionado con Gustavo Petro y Ricardo Roa

Este jueves se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tomó una decisión sobre el caso relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro. La ponencia que propone formular cargos al presidente Petro y al gerente de su campaña, Ricardo Roa (actual presidente de Ecopetrol), fue enviada a rotación por solicitud de los magistrados.

Se estima que en dos semanas el Consejo Nacional Electoral votará la ponencia presentada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), por la investigación que se adelanta en contra de la campaña del Pacto Histórico.

Y es que la Sala Plena de ese órgano electoral ordenó rotar la ponencia de los dos magistrados en la que se pide formular cargos contra Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña, e incluso contra el propio presidente Gustavo Petro por violación de topes electorales.

En días pasados, el Consejo de Estado, en un fallo significativo para la supervisión electoral en Colombia, confirmó la autoridad del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro Urrego y la Coalición Pacto Histórico, con Roa incluido, durante las elecciones presidenciales de 2022.

La decisión, emitida el 23 de agosto de 2024 en Bogotá, subraya el papel regulador del CNE y del Congreso en el escrutinio electoral. Según el fallo, el CNE tiene la plena autoridad para realizar investigaciones administrativas sobre los informes financieros y de gastos de las campañas y puede imponer sanciones administrativas si se encuentran irregularidades. Este fallo refuerza al CNE como un organismo autónomo encargado de la supervisión y regulación de los procesos electorales en el país.

Además, la decisión establece que el Congreso tiene la competencia para decidir, en caso de confirmarse irregularidades graves, sobre la posible pérdida del cargo del presidente de la República. Este proceso, conforme a la Ley Estatutaria 996 de 2005, se llevará a cabo de manera autónoma y proporciona una ruta clara para la responsabilidad política en Colombia.