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Judicial

Congresistas rechazan artículo de reforma que rebajaría penas a abusadores de menores

Más de 100 congresistas firmaron una proposición para eliminar el artículo 7º de la reforma a la justicia, que pretende reducir penas

22 de octubre de 2024

Laura Cuevas Sánchez


Congreso de la República
Presidencia de la República
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La reciente reforma judicial propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ha suscitado críticas entre varios congresistas, centradas especialmente en el artículo 7, que otorga beneficios y reducciones de penas a quienes acepten su culpabilidad en delitos relacionados con menores. Los legisladores argumentan que esta medida favorece a criminales.

El senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, se opone firmemente y ha anunciado su intención de presentar una iniciativa para eliminar el artículo. Señala que “el Gobierno Petro busca otorgar grandes beneficios a secuestradores, violadores y asesinos de niños”, subrayando que más de 370 menores han sido asesinados este año y que “estos delincuentes merecen la máxima pena”.

La senadora María Fernanda Cabal también criticó la reforma, calificándola de una burla para las familias de las víctimas, y destacó que la modificación es perjudicial, recordando un caso específico de una menor. Además, mencionó su experiencia en la elaboración de leyes que limitan los beneficios a delincuentes.

El representante, Hernán Cadavid, también se opuso al proyecto, sugiriendo que el Gobierno debería retirarlo y cuestionando la lógica de otorgar beneficios penales en un contexto de creciente violencia. Expresó su preocupación por otros aspectos de la reforma que podrían beneficiar a individuos relacionados con grupos armados.

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la propuesta, respaldada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. Buitrago aclaró que la normativa no busca dejar impunes estos delitos y que no se contemplan beneficios para estos casos.

Aseguró que la ley tiene como objetivo facilitar la judicialización en situaciones con pruebas limitadas, sugiriendo que una pena mínima podría alentar a los agresores a confesar.

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