El ABC de requerimientos y actualidad del acceso a la Unidad Nacional de Protección

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La Unidad Nacional de Protección (UNP) es un organismo de seguridad del orden nacional, orientada a la protección de amenazas y vulneraciones a los derechos humanos con la que cuentan los colombianos.

Usualmente, las personas que se acogen al programa de protección son miembros de organizaciones políticas, los defensores de derechos humanos y los servidores públicos, pero existen otras figuras amparadas por la Unidad como los dirigentes de organizaciones gremiales y sindicales o, incluso, los periodistas.

Contexto nacional

Según el informe de amenazas señaladas por los solicitantes de la UNP, los departamentos de los que más llegan solicitudes son Cauca. Los departamentos que reportan más amenazas son Cauca, Norte de Santander, Bogotá, Putumayo y Antioquia. Las amenazas más recurrentes son las que provienen de cuatro actores principales: los grupos armados, los grupos subversivos, la delincuencia común y la delincuencia organizada.

Por otro lado, los métodos que ejercen para intimidar a los solicitantes de protección son por vía telefónicas, las amenazas escritas, las amenazas personales (cara a cara) y las amenazas a los conocidos de las víctimas.

Cómo ser un beneficiario

Para ser uno de los beneficiarios de la Unidad de Protección Nacional, los solicitantes deben pertenecer a alguno de los grupos amparados por el organismo: dirigentes o miembros de organizaciones políticas, sindicales, gremiales, étnicas, de derechos humanos; comunicadores sociales, periodistas, miembros de misiones médicas, víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, servidores públicos (a excepción de los funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía, ellos tienen su propio marco normativo), magistrados de las salas tribunales de paz e, incluso, líderes religiosos.

Si el solicitante pertenece a alguno de los grupos previamente mencionados, el solicitante deberá recopilar una fotocopia del documento de identificación, un certificado de pertenencia a alguno de los grupos, denuncia (en caso de existir una) y el formulario de solicitud de inscripción a la Unidad.

Una vez se inicie y concluya la revisión, se activará la ruta de protección. El trámite suele tomar tres meses y cuenta con diversos canales digitales y presenciales para el seguimiento del proceso.

Finalmente, es importante resaltar que la Unidad Nacional de Protección distingue tres tipos de riesgo a la hora de evaluar las solicitudes de protección.

En su categorización están el riesgo ordinario, que es aquel al que todas las personas están sometidas y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de seguridad pública, pero no la obligación de adoptar medidas de protección; el extraordinario, que es consecuencia del ejercicio de las actividades de las personas o por sus funciones políticas, sociales, públicas o humanitarias y significa una obligación del Estado de la protección especial y, finalmente, el riesgo extremo que es la confluencia del riesgo extraordinario más un carácter de gravedad e inminencia.