Consejo de Estado entregó la competencia de investigación contra Pulgar a la Procuraduría

El Consejo de Estado determinó que la investigación disciplinaria en contra del senador Eduardo Pulgar, por el presunto intento de soborno a un juez, debe llevarse en la Procuraduría General de la Nación y no en la Comisión de Ética del Senado.

Cabe recordar que el pasado 14 de octubre, durante una audiencia de juzgamiento disciplinario, la defensa del senador señaló que por los mismos hechos se adelanta una investigación en la Comisión, por lo que argumentó que el Ministerio Público no era competente para seguir el caso.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría elevó el manifestado conflicto de competencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que ratificó que el Ministerio Público es competente para investigar a senadores frente a posibles actos de corrupción. Además, que al no guardar la conducta relación con la función congresional, no habría lugar a que el caso quedara en manos de la Comisión de Ética.

“En el caso que se analiza, aunque la conducta a investigar fue presuntamente realizada por Eduardo Enrique Pulgar Daza, ostentando la calidad o condición de senador, no encuentra la Sala que dicha actuación se haya adelantado en ejercicio de una función congresional o con ocasión de ella”, dice la decisión.

En vista de lo anterior, el Consejo de Estado ordenó enviar a la Procuraduría el caso del senador y continuar con su investigación. Además, dijo que contra esta decisión no procede ningún recurso y, por ende, debe cumplirse de inmediato.

Luego de que la Fiscalía arrestara a Pulgar por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Ética del Senado emitió un concepto en el que se pronunció a favor de que lo suspendan del cargo.

Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Pulgar por el delito de tráfico de influencias en concurso homogéneo. Esto, luego de que se conociera un audio en el que se le oye ofrecer “200 barras” (que serían $200 millones) a un juez para que favoreciera a un amigo.