El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, dijo que se está revisando si entre 2005 y 2007 se cometieron o no omisiones por parte de los funcionarios públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y los mencionados mandatarios.
El organismo de control indicó que estarían en riesgo más de $300.000 millones, puesto que de 140 proyectos de infraestructura de valorización que estaban planeados en los últimos 12 años, solamente se terminaron 41.
Esta solicitud de nulidad buscaría entonces controlar la legalidad de la actuación judicial y garantizar a los sujetos procesales el derecho fundamental al debido proceso.