Contraloría alertó que DPS no entregó información completa del manejo de recursos
De los 889 convenios interadministrativos que suman $2.5 billones, el Departamento de Prosperidad Social sólo entregó información de 25
08 de abril de 2025
Contraloría elevó alerta por el no pago de los subsidios en el sector de energía y gas
La Contraloría informó que en medio de una auditoria de cumplimiento al Departamento de Prosperidad Social, DPS, encontró una serie de irregularidades en los informes entregados por el DPS, luego de que el órgano de control solo pudo rastrear $58.000 millones de $2,5 billones.
La Contraloría tomó una muestra de 889 convenios interadministrativos que estaban relacionados con los proyectos de implementación de obras para la prosperidad a nivel nacional, y el fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura social.
Debido a que el DPS solo entregó información de 2,31% de la selección total analizada, el proceso de revisión de la Contraloría se vio limitada.
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El DPS solo entregó información de 25 de los 899 convenios, que sumaban $2.5 billones, por lo cual la Contraloría solo pudo revisar $58.000 millones que corresponden a dos grandes proyectos del DPS, cuya vigencia iba de 2020 a 2024, y $375.000 millones de los entes territoriales.
Tras estas irregularidades, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, informó que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía y Procuraduría, para que inicien las investigaciones según sus competencias.
La entidad también señaló que los hechos fueron trasladados a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, para rastrear transferencias y pagos realizados a los entes territoriales con el fin de reconstruir insumos y expedientes de cada convenio.
Como consecuencia de esto, la Contraloría determinó 11 hallazgos con incidencia fiscal por $12.682 millones. Entre los más relevantes, la entidad encontró la ejecución de un contrato para la adecuación del mercado público del municipio de Fundación, en Magdalena.
Aunque esta obra culminó en septiembre de 2021, según informó la entidad, "se encuentra abandonada y en evidente deterioro debido a que no se ha logrado reubicar a los vendedores, lo que configura un detrimento patrimonial por $5.116 millones".
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Mientras avanza la auditoria, la Contraloría adelantará requerimientos a los entes territoriales para motivar la colaboración de los demás entes de control, para que investiguen las conductas asociadas a graves irregularidades que se enmarcan en las siguientes situaciones ; primero, el presunto incumplimiento del reporte de evidencias y expedientes de los entes territoriales al nivel central; segundo, la presunta desaparición de expedientes, o la no entrega de información completa en los empalmes de gestión; y tercero, la violación a principios de la contratación pública como el de publicidad.
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