Contraloría General vinculó al proceso fiscal por el caso MinTIC a Emilio Tapia

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Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70.000 millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.

Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.

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La Contraloría investiga también las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.

Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10 de agosto de 2021.

Otros vinculados a la investigación especial de la Contraloría

Al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR fueron vinculados inicialmente:

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Funcionarios del fondo FunTIC: Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal delegada de FunTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato y SES Colombia S.A.

Posteriormente (el 23 y 28 de septiembre respectivamente) fueron vinculados Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Robert Gómez Cuello, representante legal de Funtic (hoy Novotic)