La Contraloría General de la República pide una política de Estado para los líderes

Tras las cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo, que indican la muerte de 282 líderes y amenazas a otros 550, la Contraloría General realizó un estudio sectorial, a fin de evaluar las acciones emprendidas por el Gobierno en el período 2015 al 2017, en defensa de esta población que se encuentra en alto riego tras la implementación de estrategias del posconflicto.

Por lo anterior, Edgardo Maya Villazón, contralor general, expresó que se necesita una política de Estado que enfrente este flagelo con mayor determinación.

“Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de Estado en este tema”, aseguró Maya.

El estudio revela que a pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno, las acciones ejecutadas han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas, valoradas con riesgo extraordinario y extremo, como líderes y activistas sociales, por lo cual el ente de control llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer medidas de prevención y coberturas colectivas a esta población.

Así mismo, el informe da cuenta que en el periodo 2015-2017 se destinaron $1.71 billones para implementación de esquemas de protección, de los cuales 61% ($978.295 millones) se dedicaron a medidas en pro de personas amenazadas, frente a los $618.307 millones (39%) orientados a esquemas en virtud de cargos o dignidades.

La CGR estima que el Gobierno tendrá que destinar los próximos años recursos adicionales para cumplir con el gasto asociado a la incorporación a la planta de personal de la UNP, de los exmiembros de las Farc, así como para implementar esquemas de protección para los miembros del partido político que conformaron.